Pablo Casellas Toro, acusado del asesinato de su esposa Carmen Paredes, ya se encuentra mejor de salud, muy atento al proceso de selección del jurado en su caso y se veía con mejor semblante luego que el viernes tuvo que ser trasladado en ambulancia y atendido en el hospital Hima San Pablo de Bayamón.

Su principal abogado de defensa, Harry Padilla, dijo a la prensa durante un receso que espera que puedan terminar esta semana sin que surjan nuevos contratiempos con la salud de su cliente.

Hoy el proceso inició con un nuevo panel de 15 personas de las cuales, las primeras ocho opinaron que es culpable y solo dos creen en su presunción de inocencia. Dos de las entrevistadas dijeron que podrían cambiar su opinión de que es culpable luego de escuchar la prueba.

Entre los candidatos, hay un exsargento de la Policía que por 27 años trabajó para el Registro de Armas, pero afirmó que no le gustan y no posee ninguna, a pesar de que como policía retirado podría tener ese privilegio.

‘A mí no me gustan las armas. La recibí, pero la devolví. No tengo (armas)’, dijo el exsargento, quien opina que Casellas Toro es culpable a base de lo que ha visto en los medios de comunicación.

La gran mayoría de los primeros 10 entrevistados dijeron que su opinión se basa en las noticias ‘negativas’ que han salido del caso.

Otra contundente respuesta que estremeció la sala del juez superior de Bayamón, José Ramírez Lluch, fue la que dio un empleado que trabaja en las áreas de ventas del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín cuando la defensa le preguntó su postura con relación a la posesión de armas.

‘Sin ánimo de ofender a nadie, yo pienso que toda persona que tenga un arma es un asesino en potencia’, declaró.

Indicó, además, que si tuviera el poder en sus manos eliminaría la Ley de Armas.

Precisamente, Casellas Toro está acusado por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Durante el proceso, que entró hoy en su décimo día, el magistrado tuvo que leer en varias ocasiones las disposiciones constitucionales de que a todo acusado se le presume inocente hasta que el estado prueba su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Aún así, muchos insistían en que ya tienen una opinión formada en contra del corredor de seguros.

Para la fiscalía y para la defensa ‘es normal’ que las personas muestren renuencia a ser parte de un jurado y que este caso no es la excepción.