El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, aseguró el lunes la derogación del Artículo 200 del Código Penal (la llamada Ley Tito Kayak), que tipifica como delito obstruir o paralizar obras de construcción, es para corregir un error de la pasada legislatura. El mes pasado, el líder senatorial argumentó ante la matrícula de la Asociación de Constructores de Hogares que, según redactado, ese Artículo 200 no pasa el crisol de la Constitución del Estado Libre Asociado, al coartar la libertad de expresión.

‘Lo que la ciudadanía debe entender bien es que existen otras disposiciones de ley que protegen las preocupaciones que tiene el sector de la construcción. No están desprotegidos, de ninguna manera’, detalló Bhatia.

El presidente del Senado ofreció varios ejemplos. El artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, le concede a toda persona, agencia pública o municipio, cuyos bienes hubieran sido perjudicados, la facultad de presentar una acción civil para obtener el cese de todo aquello que interrumpa el libre uso de la propiedad. Además, provee una compensación monetaria por los prejuicios que experimente el promovente de esta acción.

Detalló que en el ámbito penal, el Artículo 197 del Código Penal de 2012, sanciona como un delito menos grave, la entrada a una finca o heredad ajena que se encuentre cercada, sin la autorización del dueño o la persona encargada, con la intención de cometer un delito. Esto contrasta ampliamente con el Artículo que será derogado, que no requiere la comisión de un delito base, sino que sancione el libre ejercicio de expresión protegido por nuestra Carta Magna.

‘La derogación del no debe verse como una amenaza a un sector o a otro. Estamos para defender los derechos de todas las partes, del que quiere protestar, pero también del que quiere trabajar y construir. Es ilegal entrar a una zona de construcción a paralizar trabajos. Simplemente estamos ante la oportunidad de arreglar la ley que estaba mal hecha, porque se hizo de mala fe’, abundó Bhatia.

El presidente del Senado añadió que todavía no se han aplicado las disposiciones de la ley a ningún caso, y anticipó que, de ocurrir, por ejemplo en el caso de los que protestaron contra los molinos de viento, se complicará la situación por los visos de inconstitucionalidad de la ley.

El Artículo 200 del Código Penal, dispone en su sección sobre los daños a la propiedad que ‘será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años, toda persona que con la intención de impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas’ impida la entrada o el acceso de empleados, vehículos y personas autorizadas por los encargados de la propiedad. La ley también proscribe ‘ocupar terrenos, maquinarias, o espacios que son parte de la obra de construcción o el movimiento de terreno’.