El Departamento de Justicia federal y el gobierno de Puerto Rico sometieron a la Policía de Puerto Rico a la jurisdicción del Tribunal Federal bajo un acuerdo ‘abarcador’ para corregir el patrón de violaciones de derechos civiles que ha demostrado la Uniformada en los últimos años.

Junto con el acuerdo, se sometió una solicitud para que los trabajos judiciales sean suspendidos hasta el 15 de abril de 2013 de forma tal que la Administración García Padilla pueda revisar el acuerdo que no fue producido con ellos sino con la saliente Administración Fortuño.

El acuerdo abarca la conducta que fue denunciada por Justicia federal mediante un informe de septiembre de 2011. Justicia federal ‘encontró causa razonable para creer que la Policía ejecuta un patrón y prácticas de uso excesivo de la fuerza, uso irrazonable de la fuerza con el propósito de suprimir la libertad de expresión, así como allanamientos e incautaciones inconstitucionales’, dijo la dependencia federal en un comunicado emitido esta tarde. A la vez, indicó que el acuerdo incluye la dejadez de la Policía al investigar crímenes sexuales y los casos de violencia doméstica, así como actuaciones policiacas discriminatorias.

Según Justicia federal, lo próximo sería que la Administración García Padilla acepte el acuerdo, o negocie cambios, para entonces pedirle al tribunal que lo convierta en una orden que será la que dictará la pauta en la Policía hasta que se determine si cumplen o no con los estándares. Implícito está que, si el próximo gobierno no está de acuerdo, el proceso se convertiría en un litigio regular contencioso.

Desde antes de la pulicación del informe en septiembre de 2011, pero particularmente desde entonces, la División de Derechos Civiles de Justicia federal condujo reuniones con distintos grupos comunitarios para desarrollar el acuerdo, incluyendo la comunidad dominicana y la LGBTT.

‘El acuerdo aborda las políticas, procedimientos, adiestramiento, supervisión interna y externa, sistemas disciplinarios, y mecanismos de integridad de la información y la data que causan o han causado el patrón de mala conducta.n También detalla los cambios necesarios para asegurar que el pueblo de Puerto Rico recibe servicios policiacos de una manera efectiva, cumplidora con la Constitución, y que promueve la confianza de la comunidad en la Policía’, indica el departamento.

Justicia federal indicó que se había reunido por separado con el comité de transición entrante y con el gobernador electo Alejandro García Padilla para informarles del detalle del acuerdo y que la paralización solicitada tiene la intención de que el nuevo gobierno pueda tomar una decisión sobre cómo proceder con el acuerdo.

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