La directora ejecutiva de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ), Cyndia Irizarry, reconoció que esa dependencia tendrá que intervenir en el caso del renunciante representante Héctor Ferrer si, luego de la investigación, el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) recomienda radicarle cargos por violencia doméstica.

Y es que la ley obliga a la OSAJ a colocar grilletes de localizador de posicionamiento real (GPS) a las personas que el ministerio público procesa criminalmente por cargos de violencia doméstica en un intento por prevenir que el presunto agresor vuelva a tener contacto cercano a la víctima.

‘Mandatoriamente yo le tengo que poner un grillete… en el caso de Héctor Ferrer cuando el FEI recomiende radicarle cargos criminales, en los casos comunes cuando la Policía y la fiscalía inician el procesamiento criminal’, explicó Irizarry en entrevista con NotiCel.

La oficina de OSAJ interviene cuando se determina causa para arresto.

Así las cosas, la OSAJ también intervendría si, eventualmente, las autoridades deciden procesar criminalmente al ex esposo de la senadora Melinda Romero, el agente William Fuentes, quien supuestamente amenazó con ‘pegarle un tiro’.

En la actualidad, la OSAJ está bajo la mirilla pública tras varios casos en los que imputados con grilletes de esa dependencia han burlado el sistema de rastreo y han cometido asesinatos y otros delitos.

La OSAJ tiene que monitorear actualmente 407 imputados con grilletes con GPS y más de 1,400 con grilletes de radio frecuencia, como es el caso del ex representante Iván Rodríguez Traverzo. Estos últimos se manejan por los expedientes judiciales que obran en la oficina.

Sin entrar en detalles específicos del caso por tratarse de un expediente confidencial, Irizarry explicó de forma general por qué en un principio la OSAJ se opuso a que se le concediera la fianza con grillete de radio frecuencia a Rodríguez Traverzo y en la misma vista en que se evaluó su caso recomendó que sí se le otorgara el derecho.

‘Nosotros hacemos recomendaciones y las recomendaciones se hacen según nosotros nos nutrimos de información. Puede ser que el empleado de OSAJ recibió información adicional, porque yo hago mi primer informe con una evaluación inicial, eso no detiene mi evaluación. Yo te radico con eso, pero yo sigo haciendo mi investigación’, destacó.

La OSAJ se opuso en un inicio porque en ese informe inicial se pensaba que Rodríguez Traverzo tenía residencia en los Estados Unidos y tras una entrevista con el imputado y con su esposa y otros familiares se descubrió que no. Además, se supo que ya había cerrado la lechonera que tenía en el estado de Florida.