Esposado y con gesto serio, el exsenador novoprogresista Héctor Martínez salió del Tribunal Federal en San Juan a eso de las 5:30 de la tarde para ser trasladado al Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, donde comenzó a cumplir anoche una sentencia de cuatro años por cargos de corrupción.

Desde esa instalación, Martínez será llevado posteriormente a la cárcel federal de mínima seguridad en Pensacola, Florida, donde cumplirá su sentencia.

Martínez fue sentenciado a eso las 11:00 a.m. y el juez Francisco Besosa le dio algunas horas para entregarse, lo que hizo poco antes de las 4:00 pm.

Vestía, al entregarse, una polo verde clara y unos mahones. Le acompañaban su novia, allegados y el representante Johnny Méndez.

La sentencia

El exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el empresario de la industria de seguridad privada, Juan Bravo, fueron sentenciados ayer a 4 años de cárcel cada uno por soborno y extorsión. Bravo tiene hasta el 16 de abril para entregarse, en consideración a sus padecimientos médicos.

Previo a imponer la sentencia, Besosa aseguró que quería envíar un mensaje a los funcionarios públicos de que ‘no se puede tolerar la corrupción en Puerto Rico, que ha alcanzado a todos los niveles’ en la isla.

Martínez escuchó impávido la sentencia en su contra. Fuera de sala, lloró mientras se abrazaba a sus familiares y amigos, con quienes fue a degustar su último almuerzo en libertad en la cafetería del edificio federal.

El abogado de Martínez que llevará la apelación de la sentencia, Christopher Man, sostuvo que tiene un gran caso para defender a su cliente en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, donde espera prevalecer.

‘El pueblo de Puerto Rico ha perdido a un dedicado y honesto servidor público por ninguna buena razón. En la apelación, vamos a demostrar que la única convicción que la fiscalía logró en contra de Héctor no fue resultado de su conducta, eso no lo demostró la evidencia y tampoco lo demostraron los esfuerzos de los fiscales’, indicó Man fuera del Tribunal Federal.

Mientras, el director del FBI en la isla, Jouseph Campbell, se mostró complacido con la sentencia impuesta y aseguró que los crímenes de cuello blanco siguen siendo de alta prioridad para el FBI.

Parafraseando a Besosa, Campbell indicó que los múltiples casos de corrupción que se han dado en la isla han tenido un efecto ‘nocivo’ en la confianza del pueblo en sus instituciones gubernamentales y en la habilidad del gobierno de servir bien al pueblo de Puerto Rico.

‘La sentencia impuesta hoy a Juan Bravo y Héctor Martínez es una prueba más de que el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continuarán persiguiendo la corrupción en los funcionarios públicos y otros, y de los que buscan obtener ganancias personales de sus funciones oficiales’, afirmó el director del FBI.

Un jurado halló culpables a Martínez y Bravo el 7 de marzo de 2011 de cargos de soborno relacionados a un viaje que realizaron a Las Vegas, Nevada, en compañía del también ex senador Jorge de Castro Font, convicto por corrupción, para asistir a una pelea de boxeo en el 2005.

Aunque tomó en cuenta los buenos oficios que hizo como senador, el juez Besosa también consideró como un agravante el hecho de que Martínez era presidente de la Comisión de Seguridad Pública, a la vez que creyó los testimonios de José Velázquez y Víctor Rivera, de que intentó obstruir la justicia. También consideró que el caso tiene que ver con corrupción pública.

‘El señor Martínez tiene que pagar por sus actos’, dijo Besosa.

Tanto Martínez como Bravo pidieron el miércoles clemencia al Tribunal a nombre de sus familias al momento de ser sentenciados.

Haciendo referencia a su familia y ‘el dolor’ por el que pasaban, Martínez dijo en sala que había perdido en el proceso muchas cosas.

El ahora convicto ex senador reconoció que esta experiencia lo ha marcado para el resto de su vida, aunque durante su alocución no dio muestras de arrepentimiento por los cargos que se le imputaron.

Incluso Martínez le indicó al Tribunal que es el principal cuidador de su madre, una mujer de 81 años, cuya salud se ha visto afectada por el proceso.

Por su parte, Bravo, igualmente nervioso y con voz entrecortada, se dirigió al Tribunal diciendo que había dedicado toda su vida a proveer para su familia, criar sus hijos y proteger a la gente de Puerto Rico.

No obstante, el convicto empresario aseguró que enfrenta la adversidad con dignidad.