El inicio de la caída de la industria lechera comenzó en el año 2002 cuando se enmendó la Ley 34 para darle mas poder a los productores sobre los elaboradores, de acuerdo al exsecretario Carlos Flores.

El Secretario de Agricultura Ramón González Beiró, ha tratado sin éxito en los medios de comunicación de explicar la situación de desestabilización de la industria lechera como un asunto financiero de Suiza Dairy y sus problemas con una reciente huelga de empleados.

Nada más lejos de la verdad. El inicio de la caída de la industria lechera comenzó en el año 2002 cuando el entonces Secretario de Agricultura, Fernando Toledo (QEPD), destituido del cargo y convicto por fraude federal, reconocido por sus posturas de corte socialista en la Asociación de Agricultores, enmendó la Ley 34 para darle más poder a los productores sobre los elaboradores.

Fue promotor de una socialización de la industria en manos de los productores de forma vertical, e impulsó la aprobación de la Ley 278, que enmendó la ley 34 a fin de reestructurar la junta administrativa del Fondo de Fomento de la Industria Lechera (FFIL) algo que los padres de esta ley jamás hubieran permitido.

Con los cambios, la junta quedó constituida por nueve personas, cinco representando los ganaderos, dos representantes de los elaboradores y dos miembros que representarían el interés público o ciudadanos particulares seleccionados por el secretario de Agricultura.

Este cambio de balance provocó demandas judiciales de los elaboradores en el tribunal federal en contra de ORIL (Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera) con el fin de hacer valer sus derechos y reclamar sus pérdidas.

Así las cosas, luego de nueve años de litigio, en el año 2013 el juez federal Daniel Domínguez ratificó un acuerdo al que llegaron las plantas elaboradoras Vaquería Tres Monjitas y Suiza Dairy con el gobernador Alejandro García Padilla y la Secretaria de Agricultura, Myrna Comas.

El acuerdo puso fin al pleito iniciado en el 2004 y le costó millones de dólares al gobierno por el pago de dinero dejado de devengar y hasta los costos de los abogados durante el pleito. También se fijaron unas condiciones que no se podían violar como, el realizar un estudio económico exhaustivo, científico y revisado por Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) cada cuatro años para fijar el costo real de producir un cuartillo de leche. Con este estudio se establecían las ganancias razonables del productor, elaborador y detallista lo que reflejaría el costo final de la leche al consumidor. Este estudio se realizó en el 2004 y se puso en función en el 2016 después de un proceso de vistas públicas.

En septiembre de 2017 la naturaleza se encarga de crear nuevos problemas a los ya existentes, pero también surgió la oportunidad de reconstrucción y modernización de muchas vaquerías que fueron seriamente afectadas con los huracanes Irma y María.

Durante los próximos dos años no fue posible cumplir con el estudio de costos ya que no había producción estable y se decidió posponerlo para el 2019 cuando el Secretario de Agricultura, Carlos Flores, le ordenó al entonces administrador de la ORIL, Jorge Campos, completar el estudio y cumplir con la Ley 34 y su reglamento Número 10.

Tras varios intentos, el administrador de ORIL no cumplió las órdenes del secretario lo que resultó en tres intentos para su destitución por incumplimiento de sus funciones en el cargo público. Este funcionario de confianza, un exempleado de Tres Monjitas, estuvo apoyado en todo momento por la Asociación de Agricultores y por funcionarios de La Fortaleza de Ricardo Rosselló y luego por la Gobernadora Wanda Vázquez.

La historia es que al finalizar el cuatrienio no se realizó el estudio exhaustivo como había ordenado el acuerdo en el Tribunal Federal, y como premio, Jorge Campos fue nombrado en el 2021 como Subsecretario de Agricultura por el secretario entrante Ramón González, ex presidente de la Asociación de Agricultores.

Demás esta decir que nunca hubo la intención de realizar el estudio económico y cumplir con los acuerdos del Gobierno y las plantas en el tribunal federal. Esta acción ocasionó que se estuvieran tomando datos no actualizados u obsoletos para una serie de decisiones de cambios de precios los que el secretario ha llamado “revisiones de precio”, sin cumplir con estudio alguno alterando el balance que debió existir siempre entre lo que se debía compensar al ganadero productor, las plantas elaboradoras y los detallistas comerciantes.

Tanto la Cámara de Representantes (R.C de la C.530) y el Senado (R.C del S. 333) investigaron este asunto en vistas públicas donde el Secretario admitió que no había completado el estudio económico pero se comprometió a presentarlo no más tarde de diciembre de 2023, algo que no ocurrió.

Esto no fue por casualidad y sí por diseño y no es como se ha tratado de proyectar que es una situación financiera de Suiza Dairy y una huelga por mejoras económicas de sus empleados. Esto es el resultado de malas decisiones de la ORIL que, en este caso único en la historia, el administrador de la ORIL es el secretario que no quiso nombrar a nadie en ese puesto.

El secretario mintió a la legislatura y al pueblo al anunciar que había emitido órdenes administrativas para no realizar estudios, pero sí fijar solo el precio mínimo y que las plantas podían fijar el precio máximo de venta abriendo la competencia entre plantas, sin embargo, el mismo secretario les prohibió subir los precios alegando que eran desproporcionales a la realidad.

Si el secretario no cuenta con estudios de costos actualizados de producción, ¿cómo es posible que pueda determinar cuánto es mucho y cuánto es poco?. Esto resultó en una nueva demanda que radicó Suiza Dairy por desacato el 3 de mayo 2024 en el Tribunal Federal, casi 15 días antes de iniciarse una huelga de sus empleados.

Si el gobierno no cumple su parte en un negocio regulado, cómo es posible que una empresa pueda comprometerse a aumentar sus aportaciones a sus empleados dentro de un escenario hostil con un secretario atacando en todo momento a la empresa que recibe mas del 60% de la leche de sus ganaderos para procesarla.

Las malas decisiones del secretario no paran ahí. Durante los pasados dos años el Tribunal de Apelaciones le ha revocado ocho (8) Ordenes Administrativas todas ellas contrarias a la ley y reglamentos que en su mayoría atentaban contra Suiza Dairy favoreciendo a INDULAC. La reducción en las aportaciones de gobierno en incentivos para adquisición de novillas de reemplazo importadas y el pago del incentivo por producción han sido cancelados afectando directamente al productor.

La imposición de parámetros de calidad más estrictos a la reglamentación de Grado A del USDA a los productores locales ha incrementado el costo de producir leche sin recibir un centavo sin embargo han perdido millones de cuartillos de leche buena en decomisos en finca por no cumplir con exigencias caprichosas que en nada han aportado a mejorar las ventas del producto local.

Los informes económicos del Gobernador reflejan que las vaquerías durante los pasados tres años se posicionaron en el segundo lugar de negocios en quiebra con más de 40 vaquerías cerradas muchas de ellas en ley de quiebras. Han cerrado más vaquerías en estos años que las que cerraron después de Irma y María.

El valor de la cuota de leche que en sus mejores tiempos llegó a ser de $30.00 o más, hoy se ha devaluado al nivel mas bajo de la historia llegando a menos de $1.50. El secretario le ha mentido descaradamente al pueblo anunciando revisiones de precios cuando lo que ha hecho son ajustes arbitrarios fuera de reglamento con datos obsoletos y con el fin de afectar las operaciones de Suiza Dairy con tal de lograr el sueño que dejo Fernando Toledo (QDP) de una industria socializada vertical donde los productores fueran los dueños de la producción, procesamiento y ventas de toda la leche de Puerto Rico.

Estoy seguro de que cuando el gobernador Luis Muñoz Marín llamó al Dr. Eleuterio Vega para nombrarlo el primer administrador de ORIL junto a la ayuda de don Oreste Ramos, padre presidente de la Asociación de Agricultores, Rafael Nevares, presidente de Suiza Dairy y Manuel González Quiñones, presidente de la Asociación de Productores de Leche, jamás pensaron que esta ley podría ser la píldora venenosa que mataría la industria lechera décadas después.

*Carlos A. Flores Ortega fue secretario de Agricultura durante el cuatrienio de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Es agrónomo, agricultor y profesor universitario.