Ayer escuché un encontronazo entre dos personas buenas y honestas, ambos servidores públicos a quienes respeto. Hay que concentrarnos en buscar un remedio que no lacere la dignidad humana y que porte apoyo para quien toma acaso, la más delicada y difícil decisión de su vida.

Se evalúa en el Senado de Puerto Rico un proyecto de ley de la senadora Rodríguez Veve que trae a Puerto Rico la obligatoriedad de que algún padre, madre o tutor de una menor de 18 años que quiere procurar un aborto sea enterado de ello de antemano. El mecanismo procura que un violador metido a encubridor no lleve a la menor embarazada a escondidas a destruir la prueba de su fechoría encubriendo con ello su vil delito.

Habría que afirmar de entrada que toda conducta que se prohíbe por ley, o que se intenta prevenirla, tiene un carácter hipotético mientras no se materializa. En el caso de las conductas que tienen como consecuencia que se oculte la comisión de un delito, no es posible saber cuántas veces los hechos constitutivos de ese delito tipificado han ocurrido. De manera que nunca sería un argumento oponible a la intención de evitar el encubrimiento, el hecho de que no se conozca si el delito, en este caso de violación, se comete o no, o si ocurre o no con frecuencia.

Debiera existir un consenso, particularmente ante el delito de violación, de que debe evitarse a toda costa que el violador tenga licencia para destruir y desaparecer la evidencia que pudiera incriminarlo. Exigir que se informe al padre, madre o tutor de la menor embarazada de su deseo de conseguir un aborto, es decir, que tenga conocimiento ---no digo que tenga que prestar consentimiento--- porta un interés público de gran valía y utilidad que en principio no debe ofender a nadie, ni levantar muros o'ciudadelas para defender la secretividad del hecho probablemente delictivo o criminoso de la violación.

Queda claro, que aparte de perseguir al agresor sexual y de disuadir la sola idea de que esta conducta puede quedar impune; el cometido de la legislación es proteger a la víctima de una revictimización y a otras menores que puedan quedar embarazadas o ser violadas por la misma persona que quiere arrojar la evidencia por las tuberías.

Cierto es que esta intervención con lo que llamaría el derecho a la tranquilidad camino a escoger el aborto y mientras se materializa, invade un espacio que es de suyo muy doloroso para la víctima de violación que tiene que enfrentarse a esta decisión presumiblemente difícil. También es cierto, que quien arrostra las consecuencias de una violación, acaso de por vida, quede o no embarazada, nazca o no la criatura engendrada, es la persona violada. Pero todavía faltan en este análisis, aunque sea esquemático, elementos indispensables trenzados a la naturaleza misma del delito de violación.

Veamos. Cuando se han sostenido relaciones sexuales consentidas o no, con una menor de cierta edad ---la edad varía según la jurisdicción--- se comete el delito de violación técnica, ocurra o no un embarazo. Si en efecto la víctima ---objetiva--- está embarazada carga en su vientre un feto que es prueba de la comisión del delito. Lo único que falta es la identificación de quien la embarazó. Si se trata por otro lado, de un acto de violencia perpetrado contra la mujer que desemboca en embarazo, su declaración y la evidencia correspondiente servirán para probar el delito, si en efecto ha mediado violencia a falta de consentimiento.

Enterar a una sola persona ---sea el padre, la madre o tutor de la víctima menor--- es la manera menos invasiva de compartir un dato esencial, para que la menor embarazada, que termine o no el embarazo, pueda tener compañía en el examen de lo que quiere promover suceda con su cuerpo y con el feto.

Pudiera pensarse que el interventor a ser enterado, sea un tercero, preferiblemente un funcionario, como lo sería un procurador de menores. Pudiera evaluarse que otra forma menos invasiva sería tomar y guardar muestras sanguíneas y del ADN del feto y de la madre por ser, o que decidió no serlo o no lo consiguió. Siempre queda pendiente la obligatoriedad de revelar quién fue el violador y cooperar con la investigación. Ninguna de estas opciones será perfecta, ni conservará cien por ciento intacto el ejercicio teóricamente libérrimo de decidir ---aún siendo una niña--- poner fin a su embarazo. Pero estoy seguro que la inmensa mayoría de las personas sensatas reconocerán que al delincuente no se le puede dejar marcharse silvestre, por la puerta ancha, orondo de impunidad. Hacerlo, sería un acto de violencia contra la víctima y contra cualesquiera otras víctimas futuras de ese violador.

Conocemos que este tipo de legislación procede generalmente del antiabortismo feroz de otras latitudes, que para colmo, procura la persecución, el escarnio y el castigo de la mujer que busca abortar y lo consigue. Desde hace años, abogo por lo opuesto: apoyo y acompañamiento pleno a quien decide ser madre aún ante terribles circunstancias, y apoyo pleno y aún mayor para quien acaba por no serlo. Sólo el amor y la solidaridad profunda pueden ayudar a aliviar el sufrimiento y a sanar las heridas hondas.

Ayer escuché un encontronazo entre dos personas buenas y honestas, ambos servidores públicos a quienes respeto. Los vi enfrascarse en un choque ideológico ---que nunca debe ser partidista--- sobre este delicado tema, donde el deseo por la vida y por la libertad chocan haciendo saltar chispas. Haríamos mucho bien si todas las energías las entregásemos para abonar a la dignidad y a la recuperación de la persona que toma la decisión de abortar y la hace dura realidad. Asimismo, debiéramos hacerlo con quien decide ser madre. Pero algo me grita desde lo más profundo de mi corazón y conciencia que una niña que fue violada y quedó embarazada necesita todo el cuidado y todos los dones que el cielo y la tierra puedan brindar. Las leyes pueden ser rústicas o toscas, un buen corazón, no.