Columna del exsecretario del Trabajo y exasesor legal principal de la AAFAF, Carlos J. Saavedra Gutiérrez.

El 18 de enero de 2022, la jueza Laura Taylor Swain aprobó el Plan de Ajuste (PAD) del Gobierno central, los Sistemas de Retiro y la Autoridad de Edificios Públicos. Las críticas, elogios y celebraciones a este evento no se hicieron esperar. Aunque la hipérbole dominó algunas de las descripciones del PAD, no hay duda de que este evento marcó un hito en la historia de Puerto Rico.

Malo o bueno, la realidad jurídica es que con la aprobación de este documento el final del proceso de restructuración más grande y complicado en la historia de Estados Unidos entra en su etapa final. Luego de esta acción por parte de la jueza Swain, ya algunos acreedores -extremadamente minoritarios- anunciaron que apelarán la confirmación del Plan. Esto es común en procesos complicados de quiebra, y ocurrió también en el caso del PAD de COFINA. A final de cuentas, es extremadamente baja la posibilidad de que el PAD sea revocado por tribunales apelativos.

Ante esa realidad jurídica, nos corresponde ahora como sociedad movernos a la realidad política y económica que impone sobre Puerto Rico la confirmación del PAD. En una restructuración tan complicada como la de Puerto Rico, no debe sorprendernos que el PAD tenga sus luces y sus sombras. Por un lado, el PAD representa una reducción de casi 80% de las reclamaciones que tenía en su contra el Gobierno de Puerto Rico al entrar al proceso de restructuración. Es decir, de $34,000 millones en reclamaciones, el Gobierno central termina con una deuda de $7,000 millones.

A su vez, el servicio a la deuda anual queda dramáticamente reducido: de un máximo de $4,200 millones anuales a los que se exponía Puerto Rico, con el PAD el pago anual se reduce a poco más de mil millones al año. Por otro lado, Puerto Rico logra retener aproximadamente $2,000 millones en efectivo para servicios y operación del Gobierno en general.

Por último, el PAD fue confirmado sin recorte alguno a las pensiones de los empleados del Gobierno central, algo que la propia Junta de Supervisión argumentó era imposible al insistir en recortes a esas pensiones hasta el último minuto. Incluso la Junta llegó al punto de la irresponsabilidad, al amenazar con retirar el PAD si el Gobierno no accedía a recortar las pensiones. Claramente, el tiempo le dio la razón al Gobierno en cuanto a este tema y demostró lo equivocada que estuvo la Junta por cuatro años al insistir en el recorte a las pensiones.

Pero no todo es miel sobre hojuelas en cuanto a los beneficios económicos del PAD. Ciertamente, las ramas políticas tienen un reto enorme durante los próximos años. Y es que la sostenibilidad de los pagos que debe realizar el Gobierno por las próximas décadas presume dos acciones principales: Primero, que el Gobierno llevará a cabo ciertas reformas estructurales y económicas para hacer la estructura gubernamental más eficiente y crecer la economía. Segundo, que las prácticas pasadas irresponsables que nos llevaron a la quiebra no volverán a ocurrir.

En cuanto al primer principio, parte de esas reformas estructurales ya se han llevado a cabo, pero ciertamente queda camino por recorrer. El Gobierno tiene que mirar detenidamente su estructura gubernamental, reducir gastos superfluos o innecesarios y garantizar que los servicios esenciales lleguen eficientemente a la ciudadanía.

A su vez, la clase política tiene el reto de comprometerse con las reformas económicas que se han llevado a cabo durante los últimos años, las cuales son los cimientos para el crecimiento económico que permite la sostenibilidad del pago de la deuda durante las próximas décadas. Gracias en parte a estas reformas ya comenzamos a ver indicios económicos positivos, a pesar de todas las calamidades que hemos enfrentado durante los últimos años.

Por ejemplo, la tasa de participación laboral para diciembre de 2021 se ubicó en 44.2%, un aumento de tres por ciento en comparación con cinco años antes. A su vez, las últimas estadísticas del Departamento del Trabajo revelan que 1,018,000 personas se encuentran trabajado, un aumento de 33,000 en comparación con diciembre de 2016. Todo ello a pesar de que en ese mismo periodo de tiempo hemos enfrentado huracanes, pandemias y terremotos.

Por otro lado, las ramas políticas tienen que hacer una introspección de las prácticas que nos llevaron a la quiebra. En ocasiones la discusión pública sobre los procesos ante la jueza Swain parecían darse en una dimensión paralela y distante. Así, el discurso de algunos iba más dirigido a tomar medidas para salir de la Junta de Supervisión lo más rápido posible.

Ciertamente, hay que terminar con la injerencia de ese ente impuesto por el Congreso federal, pero debemos preguntarnos, ¿salir de la Junta para qué? ¿Para volver a las prácticas pasadas? ¿Para volver a emitir deuda desenfrenada e irresponsablemente? ¿Para legislar sin pensar en sus consecuencias y buscando un titular bueno en los medios de comunicación? Las herramientas para abandonar estas prácticas existen, es cuestión de tener la disciplina de implementarlas.

Por ejemplo, es imperativo que el Gobierno continúe con el requisito de certificar el impacto fiscal y económico de toda nueva legislación. Sencillamente, no podemos permitir que se legisle bajo el pretexto de que “se conseguirán los fondos” o “se les ordena a las agencias a identificar los fondos” para poner en vigor leyes en el vacío. Si el Gobierno no deja atrás las prácticas que nos llevaron hasta las puertas de la quiebra, la posibilidad de otra quiebra es real.

Pero, a final de cuentas, la responsabilidad última recae en la ciudadanía en general. Después de todo, las ramas políticas responden a la voluntad del electorado.

El historiador y filósofo Will Durant escribió que la historia de la humanidad transcurre en un círculo deprimente, porque no somos todavía amos del planeta en el que vivimos. En nuestras manos queda ser amos de las próximas décadas de Puerto Rico, para así romper con el círculo deprimente que describió Durant y que ha envuelto a nuestra Isla durante los últimos años.