Columna de opinión del presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández

Hace trece meses, ante la epidemia del COVID-19, la gobernadora Wanda Vázquez tomó la valiente decisión de ordenar un cierre de las actividades públicas mucho antes que otras sociedades. Esa decisión sin lugar a dudas salvó vidas, pero los problemas de poner en vigor pruebas de detección del virus y seguimientos en sectores vulnerables y así como el ingreso de personas contaminadas a Puerto Rico por los aeropuertos, menoscabaron las intenciones del gobierno local.

La negligencia del presidente Donald Trump en enfrentar la epidemia es responsable de una parte significativa de las 567,210 muertes que se han producido en Estados Unidos. A nivel mundial, más de tres millones de seres humanos han perdido la vida por esta epidemia y lamentablemente el conteo sigue en aumento. En Puerto Rico, el esfuerzo del personal de salud, primeros respondedores y voluntarios ha mantenido un nivel comparativo bajo de muertes. No obstante, ya 2,207 compatriotas han fallecido llenado de dolor miles de familias.

Así mismo, la respuesta extraordinaria del presidente Biden ha duplicado la producción y distribución de vacunas, salvando decenas de miles de vidas. Es menester señalar que la rapidez de la vacunación evita la propagación del virus y el surgimiento de nuevas variantes de este. Es cuestión de vida o muerte.

Los alcaldes de Puerto Rico nos hemos solidarizado con el gobierno de Puerto Rico en sus esfuerzos y hemos aportado ideas, personal y esfuerzos para mejorar la respuesta ante esta desgracia. Por razones que no se han explicado, el actual gobierno abandonó la comunicación y coordinación de esfuerzos con los municipios para ganarle la batalla a este enemigo silencioso y mortal.

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)) es la agencia federal a cargo del seguimiento de esta terrible enfermedad. En el informe que reproduce el New York Times se evidencia que estamos frente a un peligroso repunte de la epidemia. Hasta el sábado, de las 56 jurisdicciones que cubre el CDC, figuraban dos estadísticas alarmantes:

Una, Puerto Rico aparecía como la novena jurisdicción con más casos nuevos. Y dos: aparecemos como la jurisdicción 54 en vacunas administradas. Esto es debajo de todos los estados e Islas Vírgenes.

El promedio de primeras vacunas en Estados Unidos es 38 por cada 100,000 personas y Puerto Rico promedia 29; de la segunda vacuna, el promedio en el resto de la nación y sus territorios es 24 y nosotros ocupamos el puesto18 y en cuanto a vacunas administradas de las entregadas a la jurisdicción, la media es 78 y aquí, 56. Esto, a pesar del sacrificio de miles de puertorriqueños trabajando sin descanso.

¡No puede ser!

Estamos en una grave posición en casos nuevos y en el sótano en vacunas administradas. En el mes pasado entraron a Puerto Rico más de 150,000 pasajeros sin tener prueba negativa. El gobernador está mal informado o distraído en otras prioridades, pues dijo en su mensaje del Estado del País lo satisfecho que estaba con la eficiente vacunación que se estaba llevando a cabo. El CDC de Atlanta, que es la agencia federal a cargo, dice lo contario.

Los alcaldes no podemos estar pasivos ante esta situación. Por ello, hemos tomado acción ordenando medidas cautelares más agresivas que el gobierno central y urgiendo que acelere los pasos para contener este repunte. Coincidimos con varios sectores del país que reclaman una vacunación más proporcional y sin límite de horas, una vacunación 24/7. Si el virus no descansa, nosotros tampoco.

Estamos planificando un plan piloto para adelantar el programa de vacunación en varios municipios. Invitamos a la colaboración entre todos los sectores públicos y privados para atajar este gran reto de salud pública. Esa siempre ha sido nuestro compromiso. Pero el silencio y la pasividad no son opciones. Por eso, se aplica la sabiduría del antiguo refrán que dice: ''una onza de prevención vale más que una libra de curación''.