"Crearon un cuco con el monopolio público', pero sepan todos, que Luma creará un monopolio privado", manifestó el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa.

La palabra monopolio la han considerado una mala palabra en el español puertorriqueño. Los empresarios conocedores, artífices y promotores de esta realidad, que están detrás de hacer ganancias mediante la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no vacilaron un segundo en hacer de la frase “un monopolio de estado” o “ese monopolio nos tiene secuestrados” su caballito de batalla en la campaña para demonizar la corporación pública y socavar su imagen ante los consumidores del servicio eléctrico. Complementaron su faena con la falsa promesa de que, una vez privatizada la AEE, los abonados podríamos escoger ente las múltiples compañías que nos venderían la electricidad, que habría competencia y que el costo de la factura bajaría. Ese fue el discurso de los Bhatias de la vida y de los incompetentes como José Ortiz y la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quienes fueron rechazados por el pueblo por sus posturas.

Crearon un cuco con el “monopolio público”, pero sepan todos, que Luma creará un monopolio privado.

Los boricuas sabemos muy bien lo que significa estar en manos de un monopolio privado. Todos los días pagamos el alto precio, hasta un 15% más caro, por todo lo que importamos utilizando la Marina Mercante de los Estados Unidos. Las leyes de cabotaje legisladas por el Congreso de los Estados Unidos, nos imponen ese monopolio y sus onerosas consecuencias para nuestros bolsillos. Pero no podemos olvidar que tuvimos nuestra marina mercante, las Navieras, pero la privatizaron y ahora vemos las consecuencias.

Resulta completamente irónico que, en vías de alcanzar el sueño de los empresarios, de controlar para su beneficio económico la AEE, la premisa fundamental en la que han sostenido su campaña pública haya saltado en mil pedazos por el aire y se pretenda ponerla en manos de un monopolio privado, Luma Energy. Monopolio que también echa por tierra la falsa promesa de la tan cacareada libre selección del proveedor de electricidad.

Es importante que nuestro pueblo entienda las consecuencias de esta imposición del sector empresarial y, que ha contado con el apoyo incondicional de la actual administración gubernamental y buena parte de los representantes del principal partido de oposición. Juntitos de la mano, mediante un acuerdo totalmente lleno de irregularidades, violaciones a las leyes del país y a la Constitución, pretenden crear un monopolio privado que en nada beneficiará a los ciudadanos.

Pero las mentiras no se quedan en la discusión o imposición del monopolio privado de Luma Energy, sino también en la campaña del gobierno en la defensa del privatizador indicando que Luma Energy tiene una gran experiencia en la reconstrucción de desastres y en el manejo de las relaciones laborales. Eso es totalmente falso. Luma Energy es una corporación creada el 17 de enero 2020 con responsabilidad limitada. Eso significa que quienes las crearon, Quanta Services y ATCO, no tienen responsabilidad alguna en las acciones y determinaciones de Luma Energy con el pueblo de Puerto Rico. Por tal razón, el decir o mencionar el llamado bagaje de Quanta Services como carta de presentación es parte de una gran mentira porque con quien el gobierno ha llegado a un acuerdo contractual es con Luma Energy.

Lo irónico de este andamiaje corporativo es que mientras Quanta Services y ATCO no tienen responsabilidad legal ni contractual con el país, el contrato que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal aprobó le permite a estas dos compañías obtener contratos mediante Luma Energy. Es otro Whitefish corporativo.

Hay que destacar, que la Junta de Control Fiscal, ese organismo federal que no ha aportado nada al bienestar de los puertorriqueños y que fue impuesta para ¨equilibrar y balancear¨ los presupuestos, ha reconocido públicamente que el acuerdo negociado con Luma Energy creará un déficit anual a la AEE de $132 millones. Así está reconocido en la página 10 del plan fiscal recientemente aprobado. Este déficit hará necesario que se aumente la tarifa a los abonados para poder subsanarlo.

En el leonino contrato negociado con Luma Energy este llamado consorcio, que no es otra cosa que un junte de buscones, no invertirá un solo centavo en la AEE. Al igual que las tristemente recordadas compañías White Fish y Cobra, quienes dejarán detrás un desastre en los trabajos realizados y en su estela de corrupción, éstos, también viene detrás de llenarse los bolsillos con las asignaciones de 18 mil millones de fondos federales.

Luma Energy no tiene ningún compromiso con los trabajadores de la AEE ni con los puertorriqueños. El acuerdo negociado no reconoce los Convenios Colectivos en la corporación pública de donde nacen los derechos adquiridos. Tampoco viene obligada a asumir las responsabilidades para con el Sistema de Retiro de los empleados. No puede tener mejores intenciones para el país quien no respeta a los que realizan el trabajo en su empresa. Pero lo más contradictorio es que el propio acuerdo obliga al pueblo a reembolsar y cubrir a Luma Energy todos sus gastos operacionales incluyendo la nómina y sus beneficios marginales entre otros.

Actualmente los celadores de la AEE reciben su formación educacional en una escuela especializada, en un curso que dura seis (6) meses sin costo. Por cierto, catalogado unos de los currículos y adiestramientos más completo en todo los Estados Unidos. Luma, por el contrario, desarrollará un curso de tres (3) meses de duración y le facturará a los participantes $18,000 por el curso. Mucho dinero para sus bolsillos, preparación limitada para el personal y como resultado, pobre calidad en el servicio. Esto es lo que podemos esperar de la presencia de Luma Energy en nuestro país.

La AEE es un monopolio propiedad del pueblo puertorriqueño. Sus intereses, contrarios a los del monopolio privado, están centrados en el derecho al pueblo a la energía y sin tener presente si es costo efectivo otorgar ese derecho. Un monopolio privado como Luma Energy tiene, como objetivo fundamental, explotar al consumidor obligándolo a pagar las tarifas más altas para poder generar sus ganancias. Se debe prescindir del acuerdo con este grupo empresarial apoyado por la Junta de Control Fiscal y el Partido de Gobierno a la mayor brevedad.

Nuestro pueblo no se merece este atropello.