El expresidente de la Cámara, Jaime Perelló, argumenta que es incorrecto hablar de una Junta de "Control" Fiscal o decirle ente o agencia federal.

La Ley Promesa es una compleja que hace indispensable mantener su análisis en conexión a los asuntos discutidos y debatidos durante todo el proceso que antecedió su aprobación. No se puede llegar a conclusiones sobre la aplicabilidad de la Ley sin conocer el espíritu de esta. Separar una cosa de la otra puede en la mayoría de las ocasiones llevar a cometer errores a quienes la analizan tanto en lo político como en lo jurídico.

Es de suma importancia conocer la intención del legislador al momento de radicar la pieza legislativa, también la evolución de esta en el proceso de análisis de las comisiones a cargo de su evaluación y finalmente la discusión en el pleno antes de su aprobación. En ocasiones la intención original del legislador no es la que termina aprobándose y es por esto por lo que es muy importante revisar el informe de la comisión informante, el debate en el hemiciclo y las enmiendas incluidas al final.

Definir esa intención legislativa no siempre es sencillo, en ocasiones hay que descifrarla. No hacer este trabajo puede llevar a que se hagan interpretaciones incorrectas que traicionen la intención legislativa. La Ley Promesa encierra muchas pasiones en aquellos que buscan definirla e interpretarla, mismas pasiones que están ensimismadas en visiones políticas muchas de ellas que rayan en el fanatismo.

En el caso de la Ley Promesa es ejemplo de cómo la intención original del legislador en este caso el Congresista Sean Duffy, no fue la intención legislativa final de la versión aprobada. El proceso legislativo en todas sus etapas duró varios meses en donde el proyecto de ley sufrió un sin número de cambios. Incluso el mismo día de su discusión en el hemiciclo se introdujeron enmiendas.

Un breve resumen de las noticias de la época deja saltar a la vista todas las organizaciones y grupos de interés tanto de los Estados Unidos como de Puerto Rico que participaron para lograr cambios al proyecto de ley con especial interés en los poderes de la Junta Fiscal. Esa misma discusión pública marcó el deseo de los más conservadores del bando republicano de la aprobación de una Junta de CONTROL fiscal. Lo que finalmente NO ocurrió.

Para que puedan entender el alcance de todas las enmiendas que se sometían durante la discusión del proyecto destaco dos que propuse y que lograron ser incluidas con el apoyo del congresista Duffy y la ayuda y cabildeo de varios miembros de las delegaciones populares y penepés de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y del Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi. Esas fueron la SEC. 412 sobre la expansión del programa de los "Hub Zones" de la "Small Business Administration" para la Isla y la Sec. 409 que crea el Grupo de trabajo del Congreso sobre crecimiento económico para Puerto Rico.

No obstante, en la mente de muchos e incluso en sus acciones posteriores a la aprobación de la Ley, persiguieron otorgarle poderes a la Junta que fueron directamente excluidos en el proceso legislativo. Cualquier análisis legal de la Ley Promesa debe tener claro el proceso amplio de cambios y enmiendas que permitió al final lograr un balance muy fino que permitió que demócratas y republicanos se unieran para aprobar la medida en la Cámara Federal y de manera intacta en el Senado.

Finalmente, dentro de la Ley se estableció una Junta de SUPERVISIÓN y NO de CONTROL como originalmente establecía la medida del Congresista Duffy. Todas las facciones políticas dentro del Congreso tuvieron pequeños triunfos dentro de la medida. Realmente ese fue el trabajo más arduo del Speaker de la Cámara federal Paul Ryan durante todo el proceso, principalmente con la facción más conservadora de su delegación que proponía en ocasiones lenguajes severos que imposibilitaban lograr el apoyo de la delegación Demócrata.

Nadie en Puerto Rico realmente podía sentirse contento de una intervención tan dramática del Congreso de los Estados Unidos en la administración pública del País. Pero fue el resultado de la petición de ayuda al Gobierno Federal y en especial a Casa Blanca ante una situación económica insostenible que nos ponía vulnerables antes todos nuestros acreedores.

La Ley Promesa al final se aprobó en contra tiempo por el cierre de la sesión legislativa y la cercanía del final de último cuatrienio del presidente Barack Obama. La Casa Blanca y en especial el Departamento del Tesoro estaba ya ansioso que la medida lograra los votos para bajarla a votación. Las presiones a la delegación demócrata venían de su propia administración mientras el Speaker Ryan luchaba para convencer a los suyos para lograr los votos en la comisión y luego en el pleno de la Cámara.

Al final, me parece que ninguna facción quedó plenamente feliz con lo aprobado, pero al final, de eso se tratan las negociaciones. La realidad es que la Ley Promesa traza un mapa para salir de ella, proceso que tanto el gobierno de Puerto Rico como la Junta de supervisión están complicando que ocurra por las luchas en ocasiones estériles que llevan. La Ley Promesa es imperfecta y tiene varias lagunas sobre la solución de conflictos entre ambos. La razón de esto fue la prisa por aprobar la misma. Seguir visitando los tribunales para buscar llenar esas lagunas de la ley excluyendo el diálogo nos lleva por el camino del desastre.

Al final no es tan complicado. La Junta de Supervisión Fiscal fue creada por el Congreso de los Estados Unidos pero que no pertenece al Gobierno Federal y la ley establece que es una entidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que es incorrecto llamarla ente o agencia federal. Preguntas bases: ¿La Junta tiene el poder para hacer cumplir el plan fiscal?, Sí, en absoluto. ¿El gobierno local tiene el poder para decidir dónde poner el dinero a base de sus políticas públicas?, Sí, en lo absoluto. ¿El Gobierno tiene que presentar un plan fiscal que cuadre según las prioridades establecidas en la Ley Promesa y garantizar la liquidez para pagar la deuda y poder volver al mercado de bonos?, Sí, tiene que hacerlo. ¿Puede la Junta recomendar propuestas de políticas públicas como ejemplo vender bienes del Gobierno de Puerto Rico? Sí, solo puede recomendar, lo que no puede es ordenar. ¿La Junta tiene jurisdicción sobre la Asamblea Legislativa?, No tiene. ¿Tiene jurisdicción sobre los municipios? Sí, tiene en lo fiscal, pero no puede eliminar municipios u obligar la creaciones de regiones sin aval legislativo.

Como estas hay cientos de preguntas algunas más fáciles y otras más difíciles de contestar. Seguro que varios de mis lectores están debatiendo estas respuestas, pero en los tribunales como en la vida hay que estipular cosas para poder movernos. Tal vez lo primero que necesitamos en esta pelea entre el supervisor y el supervisado es sentarse en una mesa y estipular ciertas cosas básicas que nos permita movernos hacia el futuro.