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Veteranos

Existe un reclamo público para que la Administración de Veteranos sea transparente y comparta sus estadísticas sobre pacientes con coronavirus

El licenciado Víctor García San Inocencio. (Juan R. Costa / NotiCel)

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Cerca de 1 de cada 30 personas en Puerto Rico puede recibir servicios de la Administración de Veteranos (AV), cuya sede central agrandada radica en la estribación sur del Centro Médico en Río Piedras.

Desde que se empezaron a revelar las primeras estadísticas de la AV, ha resaltado el número desproporcionado de contagios y fallecimientos por Covid-19 entre sus pacientes.

Aunque el estudio epidemiológico de los contagios es un área virtualmente desierta para el Departamento de Salud --lo admitieron la semana pasada-- la cantidad de contagios entre los veteranos y probablemente personal salubrista resulta chocante.

Ese estudio de contactos es crítico para realizar las pruebas, si estas están disponibles, y recomendarles medidas preventivas de contagio.

Recordemos que la cadena de contagio puede implicar que de un caso haya al menos cinco contagios directos, y de ahí en adelante, muchos otros contagios secundarios. Esa es la estructura geométrica del crecimiento de las epidemias.

Ha habido reclamos de médicos, incluso de funcionarios públicos para que la Administración de Veteranos sea transparente, lo cual afirman que son. Curiosamente, esa es la misma transparencia que se ha enterrado por el gobierno de Puerto Rico hasta recientemente.

Si tomamos las estadísticas de casos positivos a Covid-19, el domingo, se informaron 104 casos positivos en el sistema público; 25 casos en la AV y 45 casos en laboratorios privados. Es decir, 25 casos de veteranos de los 174 casos positivos registrados en el país. Hoy martes, 31 de marzo se anuncian dos casos más de Veteranos.

¿Cuáles pueden ser los factores que expliquen una incidencia y proporción tan dramáticamente alta de casos entre Veteranos? ¿Será que la AV ha realizado miles de pruebas para Covid-19? En esa línea, ¿cuántas pruebas a veteranos habrían tenido que realizar ya, cinco mil , diez mil?

Otra posibilidad es que en las etapas tempranas, hasta hace dos semanas, no se estuviesen tomando adecuadamente las previsiones en las facilidades de la AV, propiciando que aumentasen los contactos y contagios. ¿Cuáles previsiones, dónde? ¿En una sala de espera, en cuartos, en un piso de camas, en los servicios alimentarios? O, acaso, ¿habrá sido un miembro del personal contagiado que contagió a otros?

Una posibilidad más remota es que veteranos que se hayan sentido enfermos, o estén temerosos de no hallar buenos servicios allá, hayan regresado en número considerable desde los Estados Unidos en las últimas semanas, y acudido a la AV.

Nada de esto sabemos, pues no se nos dice si han encontrado el origen,o una explicación razonable de por qué dan números que compiten con los de todo un país. A ojo de buen cubero, reitero, habrían tenido que en un mes hacer pruebas de Covid-19 a miles de personas, o que las condiciones de salud de los veteranos del país son precarias lo que los sitúa en riesgo mayor, o que algún error monumental en los procedimientos ocurrió en el sistema de la AV.

En vista de que decenas o cientos de veteranos han estado, entrado y salido de los distintos centros de servicios de la AV en el último mes; han recibido el alta y han regresado con sus familiares, sería aconsejable inyectar una dosis amplia de transparencia para la tranquilidad de todos. Nadie quiere que a falta de esa transparencia, que va más allá de decir números, tengan los veteranos, familiares y vecinos que sufrir la enfermedad física y ansiedad mayor.

Si de buscar recursos para investigar fuentes y cadenas de contagio tratase el problema, vale igual para el Departamento de Salud local, o para la Administración de Veteranos, somos miles las personas con alguna destreza que podríamos con las tecnologías de hoy, las de la Internet, celulares, etc., generar llamadas, correos y comunicaciones para auxiliar en ese otro frente para contener la expansión del Covid-19. Protocolos hacen falta, y todavía más, sentido común.

El autor es abogado, exrepresentante y excandidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño. Posee un bachillerato en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la misma institución. Tiene además un doctorado de la Universidad del País Vasco (2016).