Ambas partes recurrieron al tribunal el día en que se supone que se entregara la información sobre los requerimientos que ICE ha hecho al gobierno.

El plazo para que el gobierno entregue a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) los requerimientos de información que ha recibido de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) pasó el viernes pasado sin que se suplieran.

En su lugar, la ACLU sometió una solicitud de desacato y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), como custodio de los requerimientos, pidió a través del Departamento de Justicia que el tribunal reconsidere su orden de entrega.

En junio pasado se conoció que la Administración González Colón llevaba desde al menos febrero entregando a ICE información sobre unas 6,000 personas que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley 97 de 2013, que las facilita a personas que no tienen estatus migratorio oficial. La propia ley 97 prohíbe que los récords de las licencias se usen para propósitos de procesamiento migratorio. El gobierno federal confirmó la información e indicó que usaba los datos para identificar a posibles candidatos a deportación.

En octubre, ACLU presentó una demanda bajo la Ley 141 de Transparencia y Acceso Expedito a la Información, después de que el DTOP se negara a entregarle copia de las citaciones y el juez superior Anthony Cuevas Ramos concedió la petición con la salvedad de que la forma en que se entregue la información no permita identificar a individuos. Esto, después de que en una vista el abogado de ACLU, Fermín Arraiza Navas, resaltara que el DTOP no tiene un acuerdo de cooperación formalizado con ICE y que el gobierno no había podido establecer cuál interés apremiante se protege manteniendo confidencialidad sobre los requerimientos de ICE. Por su parte, Justicia planteó que el documento decía que el requerimiento respondía a una investigación y que ese es el interés apremiante que se protegía.

El viernes, al cumplirse el plazo sin cumplir con la entrega, Justicia pidió reconsideración repitiendo que había que mantener la confidencialidad porque el requerimiento, o ‘subpoena’, “está atada a una investigación en curso”. Añadió también que había que traer a ICE al pleito como parte afectada y que la reclamación debía desestimarse porque la ACLU debía pedir la información a ICE mediante la ley federal de acceso a la información, o FOIA.

“Mantener en completa confidencialidad toda la información provista por el DTOP no está sustentado por un interés apremiante que justifique su falta de divulgación. Siendo la transparencia y el acceso a la información el oxígeno de nuestra democracia, y en ausencia de un interés apremiante que justifique el denegar el acceso a la información a la ciudadanía, la Peticionada no puede mantener bajo el manto de la confidencialidad la información solicitada”, había concluido el juez en su sentencia.