La reclamación la presentó la alcaldesa de Morovis, pero el tribunal inicialmente la desestimó sin recibir prueba.

El Primer Circuito de Apelaciones resolvió que tiene que seguir su curso la demanda que el municipio de Morovis, su alcaldesa y sus residentes sometieron contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por la falta del servicio de agua en ese pueblo, y que un magistrado federal había desestimado.

Al hacerlo, dos de los tres jueces en el panel apelativo encontraron que las alegaciones contra la AAA sobre su indiferencia hacia la falta de agua en el pueblo alcanzaban el nivel de “sacurdir la conciencia”. La desestimación había ocurrido antes de que se presentara prueba, por lo que ahora la demanda vuelve al foro inferior para que se abra la oportunidad de que el municipio pruebe sus alegaciones y la corporación pública las dispute.

Entre las alegaciones, los jueces atribuyeron peso a un episodio particular del 5 de febrero de 2022.

Ese día, el consultor del municipio, Tony la Luz, un exempleado de la AAA, visitó la planta de tratamiento de la agencia en Morovis para cotejar por qué no había servicio. Los empleados le dijeron que estaban sin luz y el generador de electricidad había fallado. Pero cuando el consultor fue a verificar el generador, a un empleado le tomó menos de cinco minutos encenderlo. Aún así, las bombas no comenzaron a funcionar automáticamente, como se supone. El empleado de la AAA lo notificó a un supervisor, quien despachó a otro empleado a la planta. Cuando este llegó, le dijo a La Luz que fue que alguien había apagado las bombas y simplemente apretó el interruptor y las prendió otra vez. La misma situación reflejaban las bombas de un tanque intermedio. El consultor le contó a la alcaldesa, Carmen Madonado González, quien le pidió al director regional de la AAA, José A. Rivera Ortiz, que verificara las cámaras de seguridad para conocer quién había apagado intencionalmente las bombas. Hasta la fecha, no le han contestado.

La reclamación hablaba también de confidencias que apuntaban a que las acciones de la AAA en Morovis eran deliberadas para afectar la imagen de la alcaldesa, quien pertenece al Partido Popular Democrático (PPD), pero los demandantes abandonaron ese argumento porque no apelaron la decisión del magistrado federal Bruce McGiverin de que dichas alegaciones no caben en una petición por violación del debido proceso de ley.

Los demandantes basan la violación del debido proceso tanto en la ley de Puerto Rico, como en el contrato de servicio que tienen con la AAA, bajo el cual la agencia se compromete a proveer agua.

En un día cualquiera, al menos tres de los 14 barrios de Morovis no tienen luz. Desde 2017, el ayuntamiento a gastado más de $1 millón en comprar tanques de agua para sus residentes, comprar y distribuir el líquido y en peritos. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos sometió un informe a la AAA en diciembre de 2019 con recomendaciones para mejorar el desempeño y capacidad de las instalaciones de la agencia en Morovis, pero la corporación pública ha hecho nada con el mismo. La alcaldesa le pidió a la exdirectora, Doriel Pagán Crespo, que conectara el pueblo con el Superacueducto, pero la respuesta fue que había que “extinguir todas las otras alternativas”, sin moverse con ninguna. El equipo de la alcaldesa preguntó por qué no se usaba un tanque de 200,000 galones que hay en el pueblo y la respuesta del director regional, quien también está demandado, fue que ni sabía de que el tanque existía. Todo esto ha ocurrido sin que la AAA ajuste las facturas de los residentes para reflejar la falta de servicio.

“Concluimos que (los demandantes) alegaron plausiblemente que los demandados sabían de la crisis de agua y fallaron en actuar”, dijeron dos de los tres jueces en la decisión que publicaron el viernes pasado, después de una semana de falta de servicio de agua en el área norte por una rotura, precisamente, en el Superacueducto.

“Los riesgos que presenta la ausencia de agua potable por largo plazo son severos e indisputables: el agua es esencial a la vida, la salud y la higiene… El riesgo de daño a los demandantes aumenta por el hecho de que la AAA es la única proveedora del servicio de agua en Puerto Rico. Y ese riesgo es particularmente severo para los miembros más vulnerables de la posible clase de demandantes, incluyendo los mayores de edad, los enfermos y los que viven con niños”, añadió el tribunal.

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