El expresidente frances y líder de la oposición, Nicolas Sarkozy, llegó hoy a un tribunal de París para declarar ante los jueces de instrucción por irregularidades en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2012.

Los medios franceses mostraron imágenes de Sarkozy dentro de un coche antes de comparecer ante la justicia por el ‘caso Bygmalion’, escándalo que debe su nombre a una empresa que emitió falsas facturas por unos 18,5 millones de euros para que la Unión por un Movimiento Popular (UMP) asumiera gastos que en verdad correspondían a la campaña.

Sarkozy se expone a ser imputado por su presunta participación en la trama, o bien a ser llamado como ‘testigo asistido’, una figura a medio camino entre la imputación y el simple testigo.

Los jueces de la sección financiera del Tribunal de Gran Instancia de París tratan ahora de aclarar el papel que el líder de la oposición pudo tener en la elaboración de las facturas falsas, que corrieron a cargo de la agencia de comunicación Bygmalion.

Esas facturas sirvieron, según los investigadores, para pagar actos de la campaña de Sarkozy, pero sin aparecer como tales con el objetivo de que no se superara el límite legal de gasto de 22,5 millones de euros.

Por ahora hay trece imputados en esta causa, entre ellos los dirigentes de Bygmalion, pero también varios del partido del antiguo jefe del Estado, en concreto el ex director general Eric Cesari y los dos responsables de la campaña, Guillaume Lambert y Jérôme Lavrilleux, quien ha reconocido su participación en la trama.

Este último aseguró en una entrevista el pasado octubre que Sarkozy conocía las irregularidades de la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2012 y que ‘toda la cadena de mando’ se hallaba al tanto.

El pasado 8 de febrero, el entonces jefe de la formación de derechas -ahora rebautizada como Los Republicanos-, Jean-François Copé, compareció también ante los jueces de instrucción y fue declarado ‘testigo asistido’, lo que significa que no se han hallado pruebas que permitan imputarle un delito.