Los señalamientos pretenden actualizar las normas que rigen la convivencia además de atemperar las normas a los cambios y necesidades sociales.

Ante denuncias de irregularidades administrativas, la Cámara de Representantes evalúa la posibilidad de investigar el cumplimiento de los deberes legales y administrativos de las juntas de directores de los condominios.

“La Cámara está mirando las quejas de los condómines y las asociaciones”, manifestó el presidente de la cameral, Carlos Johnny Méndez, en un aparte con NotiCel, a su salida de una vista pública para atender la Resolución de la Cámara 267.

“Luego del paso del huracán María (2017) y terremotos del área sur (2020) las compañías de seguros que no han sido diligentes en términos de atender las reclamaciones. Incluso, algunos condómines se sienten abandonados. Estamos celebrando estas vistas públicas para que nos den su sentir”, agregó Méndez.

Durante la vista, convocada por la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo Rey Ocasio Ramos, titulares y administradores de condominios en distintas partes de la isla denunciaron condiciones de irregularidades, ilegalidades y maltratos por parte de miembros de juntas directivas y solicitaron a la legislatura realizar enmiendas a la Ley de Condominio 129 de 2020.

Esta ley establece el derecho a la propiedad privada y el disfrute de áreas comunes y busca actualizar, las normas que rigen la convivencia en los condominios y atemperar las normas a los cambios y necesidades sociales.

“La Ley de Condominios debe ser revisada y atendida con agilidad”, exhortó Rolando Vázquez Cabrera, residente del condominio Los Corales en Carolina, quien describió un patrón como “indeseable de mala conducta, creando un ambiente hostil, acosador y perturbador”, por parte del administrador mientras fungió como miembro del Comité de Conciliación.

“Al comienzo, todo marchaba bien y de momento, el administrador me dictaba lo que tenía que decir y no decir en las convocatorias.  Indicaba que, bajo su posición como administrador, él es quien manda sobre el Consejo de Titulares, Junta de Directores, e inclusive recalcaba que iba por encima de la Ley y DACO no tiene que recalcarle cómo manejar su condominio”.

Por su parte, Rhaisa Gutiérrez Oliveras, actual presidenta de la Junta de Directores del Condominio Madrid Plaza, se topó con graves irregularidades al asumir la dirección de la junta hace apenas cuatro meses.

“Cuentas bancarias inexistentes y cuenta de reserva cerrada, pagos a contratistas por trabajos inconclusos, falta de pagos (acumulados por años) a servicios esenciales de agua y luz que ponen en riesgo la interrupción de estos por falta de planes de pago. Dejando a cientos de residentes —principalmente adultos mayores— en una situación de extrema vulnerabilidad. Además de infraestructura con riesgos de accidentes y proyectos de reparaciones paralizadas, entre otros”, enumeró Gutierrez durante su turno.

“Nuestra comunidad merece un hogar seguro, estable y digno. Los adultos mayores que viven en Madrid Plaza depositaron su confianza en una vida de retiro tranquila; sin embargo, hoy enfrentan riesgos innecesarios producto de malas prácticas administrativas del pasado”, agregó.

Mientras que Eduardo Castañeda, del condominio Villa Marina en Fajardo identificó gastos superiores a $430,000 de los fondos del seguro en mejoras que nunca se vieron y retiros de dinero realizados de forma indebida, entre otros.

“Recomendamos hacer cambios significativos en la Ley de Condominios para asegurar que cualquier acto por miembros de la junta, administradores y sus abogados, intencionados para lucrarse a expensas del bienestar del condominio, tengan consecuencias penales severas. Además, recomendamos, comenzar con la creación de una división investigativa policiaca, independiente, con jurisdicción de multas y arrestos a personas en la junta, administración y su representante legal, que interfieren con el bienestar comunal para beneficiarse personalmente o a un grupo en particular. Estas investigaciones deberían hacerse mayormente en condominios en el momento que reciban confidencias de los titulares sobre administradores y miembros de juntas que se lucran”, sostuvo Castañeda.

Asimismo, Claryssa Correa Márquez, residente del Condominio Torre de San Miguel en Guaynabo desde hace 34 años, denunció un patrón similar de abuso de poder e ilegalidades financieras como aumento en el pago del permiso, inflación en el precio original de equipos, remodelaciones sin autorización del Consejo de Titulares.

“Por siete años, cuando llovía, también llovía dentro de mi casa porque no merecía su atención. La prioridad son las obras nuevas. La que la Junta pueda controlar y no la necesidad de los titulares”, narró Márquez, quien recuerda que la situación inició luego de estar presentar una querella en Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por una auto chatarra, sin marbete, que estuvo estacionado varios años en uno de los estacionamientos de residentes en contra del reglamento, que según alega la titular resultó ser propiedad del administrador.

Durante la vista, los titulares deponentes coincidieron en la necesidad de revisión y enmienda de la Ley de Condominios así como en que“ deben imponer penalidades de carácter delictivo a quienes abusan de su posición, para que sirva como un disuasivo”.

Ante esto, el representante Ocasio Ramos reiteró el compromiso de la Comisión para trabajar la situación.

“Entendemos que en muchos condominios se está presentando situaciones similares”, manifestó durante la vista para ordenar a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano realizar una investigación.

A preguntas de NotiCel sobre si la Ley de Condominios se presta para que las personas que asumen roles dentro de las juntas controlen y abusen de poder, el presidente de la Cámara expresó que, “no puedo hablar de forma categórica, pero hemos escuchado esos puntos”.