Declara inconstitucional la cláusula de revelo de responsabilidad que el Negociado de Energía concedió.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la cláusula de revelo de responsabilidad que el Negociado de Energía concedió a LUMA Energy.

Eso representa un triunfo para el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que entabló una disputa en los tribunales dado que el consorcio estaba exonerado de responder por los daños que sufrieran enseres y otros equipos debido a apagones y fluctuaciones de voltajes.

DACO, por medio de la secretaria Valerie Rodríguez Erazo, argumentó que era necesario declarar nula la cláusula impugnada, restableciendo así el derecho de los ciudadanos a presentar reclamaciones por daños causados por el operador del sistema eléctrico. Todos los jueces del Tribunal Supremo coincidieron que la determinación del Negociado de Energía va en contra del orden constitucional.

“Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos mediante Sentencia Declaratoria que la Sección 4.1 (g) del OMA y la Resolución del NEPR son inconstitucionales por infligir la doctrina de separación de poderes, sin menoscabar el resto del OMA, el cual permanece en vigor. Además, las reclamaciones instadas por los consumidores deberán ser atendidas conforme a los procedimientos establecidos», lee la decisión del Tribunal.

Enseguida, DACO celebró la determinación a su favor.

“¡Victoria histórica para el consumidor! El Tribunal Supremo de Puerto Rico le da la razón a DACO. Hoy se marca un precedente. DACO gana ante LUMA en el Tribunal Supremo, defendiendo los derechos de más de 1,800 consumidores cuyos enseres eléctricos y cualquier tipo de daños fueron afectados. Esta decisión elimina la cláusula de exención de responsabilidad que LUMA intentaba hacer valer, y refuerza que ningún contrato puede estar por encima de tus derechos como ciudadano. DACO no se detiene. Continuamos luchando por un mercado justo, transparente y responsable. El consumidor puertorriqueño gana”, fue publicado en Facebook.

LUMA advirtió que una decisión para atender económicamente las reclamaciones de los abonados podría tener como consecuencia otro aumento en las tarifas para cumplir con los gastos.