Desde hace dos años, el municipio pudo haber cerrado el negocio por los mismos fundamentos por los que el tribunal ordenó ahora el cierre, después del asesinato allí de dos estudiantes peruanos.

El Municipio de San Juan pudo haber pedido al tribunal el cierre del negocio Emo-Y desde hace dos años por los mismos fundamentos por los que lo hizo ahora, cuando lo pidieron como reacción al asesinato allí de dos estudiantes peruanos que estaban de visita en la isla.

Así queda expuesto en la sentencia que el juez Alfonso Martínez Piovanetti emitió el martes pasado para ordenar la revocación del permiso de la barra ubicada en la Calle Loíza y para ordenar el cese de operaciones del negocio Emo-Y “ya sea bajo ese o cualquier otro nombre, o ya sea por conducto de un tercero”.

La barra fue gestionada por la corporación Gómez Díaz LLC, de Olivia M. Gómez Díaz, quien compareció a la vista que el juez celebró el lunes pasado, después de que el municipio le presentara la petición de revocación de permiso el miércoles pasado. El incidente violento en el que resultaron muertos los estudiantes peruanos, de visita en Puerto Rico, Sergio Palomino Ruiz, de 28 años, y Franco Medina Angulo, de 29 años, ocurrió en horas de la madrugada del sábado, 6 de mayo. Hasta ahora, no se han presentado cargos por los crímenes.

Martínez Piovanetti tomó la determinación porque la evidencia que presentó el municipio dio cuenta de que el negocio “nunca tuvo un permiso para operar una barra cuyo uso principal sea la venta de bebidas alcohólicas”. Por ese mismo fundamento, la Oficina de Permisos del Municipio (OPM) había expedido una multa de $2,000 el 16 de abril de 2021. Por la misma razón, volvieron a emitir una multa de $2,000 el 13 de febrero de 2022 y otra multa más por lo mismo, tan reciente como el 5 de mayo, día antes de los hechos criminales.

Gómez Díaz LLC no pagó ninguna de las multas.

El juez tomó en cuenta otro hecho que el municipio conocía porque fue observado por sus propios inspectores. Este es que, cuando el municipio le expidió un permiso de uso en 2018 “para operar un restaurante con venta de bebidas alcohólicas al detal y música en vivo”, la solicitante dijo que el local tenía 20 estacionamientos, pero el local no tiene ningún estacionamiento. Desde 2018, y con el conocimiento del municipio desde por lo menos 2021, Emo-Y había operado una barra para la venta de bebidas alcohólicas como uso principal, a pesar de que su permiso era para restaurante, con venta incidental de bebidas alcohólicas, y a pesar de que no tenían los estacionamientos que dijeron tener.

Tras la matanza, el alcalde de San Juan dijo que su administración había realizado un operativo en el que multaron a 15 negocios de la Calle Loíza, además de Emo-Y, en las horas antes y después de los asesinatos.

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