La senadora denuncia violaciones a reglas federales de confidencialidad bajo VAWA y reclama acción inmediata ante un “daño reputacional” causado por la divulgación de la carta.

La senadora Joanne Rodríguez Veve refirió formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), a la que acusa de haber confirmado y amplificado la divulgación ilegal de una querella anónima en la que ella era mencionada como supuesta víctima de violencia de género.

El planteamiento está contenido en una carta enviada a la Oficina contra la Violencia Doméstica (OVW, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia federal.

Rodríguez Veve alega que la Procuradora Astrid Piñero violó normas estatales y federales, incluyendo las reglas de confidencialidad del Violence Against Women Act (VAWA), al confirmar públicamente que la OPM había recibido una querella anónima y al validar que su contenido coincidía con el documento que circuló ilegalmente en redes sociales desde el pasado 20 de agosto.

Según la senadora, esa confirmación expuso su identidad como presunta víctima, su número de teléfono, correo electrónico y los detalles de las alegaciones.

“Con esas expresiones, la Procuradora validó y amplificó la divulgación no autorizada de información confidencial”, advierte Rodríguez Veve en la misiva, donde señala que esa actuación puso en riesgo su privacidad y la seguridad de sus hijos menores.

El referido federal llega tras una serie de gestiones que la senadora ha realizado desde agosto para reclamar que se investigue tanto la divulgación del documento como el manejo que, a su juicio, ha tenido la OPM y el Departamento de Justicia local.

El 23 de agosto5, Rodríguez Veve le solicitó a la Policía de Puerto Rico investigar el origen del documento que comenzó a circular en redes sociales —una querella anónima supuestamente radicada ante la OPM— con alegaciones de violencia de género por parte de su pareja Carlos Mercader. En esa carta manuscrita, la senadora recalcó que divulgar documentos oficiales y alterar información confidencial “es un delito”.

Cuatro días más tarde, el 27 de agosto, la senadora notificó por escrito a la Procuradora Piñero para que la OPM revelara si la agencia había confirmado o divulgado datos relacionados con esa querella. Rodríguez Veve insistió entonces en que el anonimato se había utilizado “de manera maliciosa” y pidió que la identidad de quien presentó la denuncia fuera revelada, alegando abuso del proceso.

Posteriormente, el 10 de septiembre, la secretaria de Justicia Lourdes Gómez Torres confirmó que el caso había sido “consultado” con fiscales, aunque sin ofrecer detalles ni aclarar si las alegaciones contenidas en la querella se estaban investigando.

El 24 de octubre, Justicia anunció el cierre de la pesquisa sobre la presunta violencia de género, al no hallar elementos para someter denuncia alguna. Sin embargo, Rodríguez Veve recalcó entonces que su expectativa era que se continuara investigando la divulgación ilegal de la querella anónima y la posible responsabilidad de funcionarios de la OPM.

En su carta al Departamento de Justicia federal, Rodríguez Veve detalla los estatutos presuntamente violentados por la OPM, entre ellos:

• VAWA, 34 U.S.C. § 12291(b)(2), que prohíbe divulgar información que identifique a una víctima sin consentimiento escrito, específico y con límite de tiempo.
• Ley 54-1989, artículo 4.2, sobre estricta confidencialidad de datos en casos de violencia doméstica.
• Ley 22-1988 (Derechos de las Víctimas), que obliga a proteger números telefónicos, direcciones y otros datos personales.
• Ley 141-2019, que define como “información confidencial” todo dato sensible de víctimas y prohíbe su divulgación pública.

Rodríguez Veve argumenta que la OPM, como receptora de fondos federales, está obligada a cumplir estrictamente con los parámetros de protección de datos de víctimas, y que una violación a esos lineamientos podría acarrear desde sanciones administrativas hasta la pérdida de fondos federales.

La senadora también expresó preocupación por lo que interpreta como una “dilación injustificada” del Departamento de Justicia local respecto a las investigaciones relacionadas a la filtración. En su carta federal compara esa lentitud con la rapidez con la que Justicia actuó en el caso del presidente de la AMA, Luis González Rosario, cuya investigación preliminar se concluyó en pocos días.

Rodríguez Veve insistió en que existen dos investigaciones paralelas:

1. la que surgió de la querella anónima presentada ante la OPM
2. la que ella misma solicitó sobre su filtración y divulgación ilegal.

A su juicio, la OPM incurrió en “irregularidades y manejo inadecuado” que deben ser evaluadas por una agencia federal independiente.

En el cierre de la carta, Rodríguez Veve pide que el Departamento de Justicia federal:

1. Investigue el origen y la divulgación ilegal de la querella anónima.
2. Determine si la OPM violó la confidencialidad requerida bajo VAWA.
3. Evalúe si los protocolos de la agencia son adecuados para proteger datos personales de presuntas víctimas.
4. Tome las acciones correctivas necesarias para garantizar cumplimiento con la ley federal.

La senadora añadió que está disponible para ofrecer más documentos o información a las autoridades federales y que espera que se atienda este asunto con “sensibilidad, diligencia y sentido de justicia”.