Aclara que el contrato de tecnología cumplió con todos los procedimientos

La controversia relacionada a la contratación de la empresa Xuvo Technologies (Xuvo) por parte del Departamento de Salud cobró un nuevo giro luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) emitiera el pasado 10 de octubre una opinión y recomendaciones sobre el acuerdo. Inicialmente, el Contrato no fue sometido a la JCF basado en la determinación de que el valor nominal del Contrato no cumplía con el umbral monetario para la revisión y aprobación de este organismo antes de su ejecución.  A pesar de esto, la JCF requirió al Departamento de Salud que sometiera el Contrato suscrito con Xuvo y toda la documentación requerida para realizar la evaluación que de ordinario les aplica a los contratos de gobierno. 

Luego de la evaluación, la JCF concluyó que, “el Contrato no cumple con el umbral de $10 millones establecido en la política que requiere la revisión y aprobación de la Junta de Supervisión antes de su ejecución”, aun así, realizaron sus recomendaciones. En declaraciones escritas, el secretario del Víctor Ramos Otero indicó que «aunque el contrato con Xuvo Technologies tiene un valor nominal de cinco dólares, de manera voluntaria y en aras de la transparencia, decidimos remitir a la Junta una estimación del valor potencial generado por transacciones futuras.» Según el documento emitido por la JCF, aun tomando en consideración estas estimaciones, este organismo carece de jurisdicción para requerir una revisión. 

La JCF recomendó al Departamento de Salud llevar a cabo un proceso de competencia para contratar los servicios de tecnología que actualmente ofrece Xuvo, al tiempo que no ordenó la cancelación de dicho Contrato. Xuvo ofrece servicios para obtener certificaciones y trámites a través de una plataforma digital que opera como parte de la página oficial del Gobierno de Puerto Rico (pr.gov). 

La recomendación de la JCF se basa en el principio de que, “la adjudicación de contratos sin realizar procesos de adquisición competitivos no promueve la competencia en el mercado en cumplimiento con el mandato del Plan Fiscal Revisado Certificado de 2024, que estipula que la adquisición debe ser administrada de manera efectiva y eficiente para salvaguardar los fondos de los contribuyentes promoviendo adquisiciones competitivas,”. Ante esta aseveración, Ramos Otero aclaró que, “el Departamento de Salud actuó en estricto cumplimiento con las normas y leyes aplicables”.

El Plan Fiscal Revisado Certificado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2024, en la página 88 en efecto promueve la contratación competitiva y eficiente, pero permite excepciones en casos de necesidad pública. El Departamento de Salud ha establecido que la entidad RenovacionesOnline que ofrecía los servicios digitales que ahora están en controversia, no tenía contrato vigente hace un año, cobraba fondos públicos sin autorización, y mantenía la data de los ciudadanos en un servidor privado sin que la misma estuviera disponible al gobierno.

El Secretario dijo además que, «la Junta únicamente recomienda, mas no obliga, la realización de un proceso competitivo, lo cual consideraremos conforme a la política pública de eficiencia y servicio continuo al pueblo. Y deja claramente establecido que el contrato no se debe cancelar». Esto en respuesta a la recomendación de la JCF de realizar un proceso competitivo en 90 días. Ramos Otero enfatizo que la determinación de la JCF, “no adjudica irregularidad o ilegalidad alguna, ni recomienda la cancelación del contrato, ya que reconoce que se trató de un procedimiento administrativo que cumplió con los parámetros vigentes.»

Salud mantendrá el Contrato vigente

Ramos Otero aclaro que toda vez la JCF no señalo incumplimiento de leyes, normas o reglamentos, y que todo lo solicitado por la Junta en sus múltiples requerimientos de información les fue sometido, no ve existe justificación para proceder con una subasta, aunque revisara lo recomendado. “El Departamento de Salud continuará garantizando la continuidad de los servicios digitales a la ciudadanía, mientras se revisan las recomendaciones de la Junta con el mismo rigor y apertura con que hemos manejado este y otros procesos», estableció el Secretario.

Aunque no se desprende claramente de las declaración escritas sometida a los medios, Ramos Otero requirió a la JCF aclarar de forma definitiva si ese organismo estaba recomendando la cancelación del acuerdo. «De hecho, les informo que, a preguntas nuestra, la Junta confirmó expresamente que este contrato no fue desautorizado, ni se ordenó su cancelación», concluyo Ramos Otero al tiempo que concluyó que el hecho de que la JCF no recomendó dicha cancelación, “es la mejor evidencia de que el Departamento actuó correctamente y conforme a derecho». 

El Departamento de Salud ha expresado la importancia de mantener los servicios digitales disponibles a la ciudadanía como parte de los servicios esenciales que ofrecen para garantizar acceso a los servicios de salud. El Reglamento de Compras del Departamento de Salud de Puerto Rico #9230, permite excepciones a la licitación pública cuando los servicios son esenciales o cuando la continuidad de servicios es necesaria para proteger el bienestar público. Del mismo modo, la disposición federal de los Estados Unidos 2 CFR §200.320(c)(3) autoriza la contratación no competitiva cuando existe una necesidad urgente de servicios públicos primordiales.

Ramos Otero exige a la JCF que se aplique sus recomendaciones

El Secretario concluyó sus expresiones coincidiendo con la importancia de que los procesos gubernamentales se lleven a cabo conforme a las leyes y reglamentos. Según manifestó, “creo importante recordar que la transparencia y la competencia deben ser principios universales». 

«Por eso, invito respetuosamente a la propia Junta de Supervisión Fiscal a evaluar con el mismo estándar de escrutinio los contratos multi-millonarios que otorga a sus asesores y cabilderos de alto costo, los cuales también se pagan con dinero del pueblo de Puerto Rico y que se deberían igualmente considerar llevar mediante procesos competitivos», señaló Ramos Otero.

La JCF ha gastado en los contratos de consultores, asesores y abogados más de $2,000 millones, según estimados publicados en la prensa. Al momento de aprobar la Ley PROMESA, el Congreso de Estados Unidos estimó los gastos del organismo en aproximadamente $370 millones. Aunque el Congreso federal ocasionalmente solicita reportes sobre el funcionamiento de la JCF, ningún otro ente local o federal fiscaliza estos gastos. La contratación en la JCF no está sujeta a procesos de competencia, méritos o subasta.