Hace dos semanas, el Departamento de Justicia informó al PFEI que había iniciado una nueva investigación que involucraba a la mandataria.

Tras varios días de controversia que han mantenido a líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) bajo la lupa, NotiCel confirmó algo que ya había anticipado: el Departamento de Justicia (DJ) mantiene abierta una tercera pesquisa contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El pasado 24 de junio, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) recibió una comunicación de la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Phoebe Isales Forsythe, informando que el DJ había iniciado una investigación que vinculaba a la mandataria, según la resolución del Panel que concedió a la agencia el término ordinario de 90 días para realizar la investigación preliminar.

«En su comunicación nos informa que la Secretaria de Justicia, Hon. Dennise N. Longo Quiñones esta inhibida de participar en esta investigación preliminar por considerar que existe un posible conflicto de interés. Por ello, Ia Lcda. Longo Quiñones le encomendó atender todo lo relacionado con este asunto», señala la resolución del 25 de junio firmada por Nydia Cotto Vives, Rubén Vélez Torres e Ygrí Rivera Sánchez.

Hasta el momento Justicia solo había confirmado que realizaba una investigación relacionada a la fallida compra de pruebas rápidas para detectar COVID-19 tras una querella presentada por el representante Rafael «Tatito» Hernández Montañez, pero se desconocía que la pesquisa incluía a Vázquez Garced.

Hernández se quejó ante Justicia a raíz de los señalamientos de la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo y madre de la exsecretaria de Justicia. Al renunciar abruptamente, Quiñones de Longo denunció presuntas irregularidades en los procesos de compra y contratación en la agencia.

La resolución no expone expresamente el asunto bajo investigación, pero tanto Longo Quiñones como Isales Forsythe habían estado inhibidas de esa investigación.

El documento público es una de las tres resoluciones que NotiCel solicitó al PFEI y relacionadas a los referidos remitidos por el Departamento de Justicia, bajo el liderato de la exsecretaria Longo Quiñones.

Las resoluciones del PFEI otorgan al DJ un período de 90 días para realizar una investigación preliminar. Este plazo puede ser extendido si fuera solicitado por la agencia. Las primeras dos resoluciones corresponden a investigaciones ya finalizadas por el DJ, cuyos informes y referidos el PFEI recibió esta semana.

Justicia presentó seis referidos, que incluyen a Vázquez Garced y otras 12 personas. En el caso de la mandataria, específicamente, Justicia solicitó el archivo de una querella en su contra basada en alegaciones de un grupo denominado como Servidores Públicos con Dignidad por supuestamente presionar a empleados públicos para acudir a eventos políticos.

En la carta de notificación a Vázquez Garced, Justicia señaló que la consideración para asignar un PFEI surge luego de recibir «una comunicación que contiene una serie de alegaciones en contra de la gobernadora».

La querella fue presentada el 6 de diciembre de 2019.

La segunda resolución está relacionada a la investigación que surgió de la querella presentada por los representantes de la minoría del Partido Popular Democrático, Rafael «Tatito» Hernández Montañez y José “Conny” Varela, relacionada a la repartición de ayudas tras el terremoto ocurrido el pasado 7 de enero, y que afectó mayormente a zonas del sur y suroeste de la isla; y es el referido que ha sonado fuerte durante los últimos días.

Hace dos días, Hernández Montañez, quien también es portavoz de los populares en la Cámara, recordó que “el 27 de enero de 2020 radicó junto a Varela esta querella e hizo varios referidos a las autoridades estatales y federales sobre las posibles violaciones de ley por parte de la Gobernadora, e incluso, la propia secretaria Longo Quiñones admitió el 5 de febrero del 2020 en vista pública que la investigación sobre este tema estaba siendo atendida por su departamento”.

“Entre los señalamientos contenidos dentro de la querella estaban posibles violaciones a los Artículos 252-de aprovechamiento ilícito de trabajos o servidores públicos— y 261—de influencia indebida— del Código Penal de Puerto Rico y a varios incisos del artículo 4.2 del Código de Ética Gubernamental. Del mismo modo, violaciones al 18 U.S Code 598 de Justicia Federal que plantea que cualquier funcionario que use, se apropie o sea obstáculo para una distribución correcta de fondos federales de reconstrucción podría enfrentar multas y hasta cumplir cárcel”, añadió el representante Varela.

Como resultado de esta pesquisa, resultaron referidas varios funcionarios, entre los que han confirmado a la senadora Evelyn Vázquez y su esposo, Peter Muller, el senador Nelson Cruz, la exadministradora de ADSEF, Surima Quiñones.

Mira las tres resoluciones aquí: