El presidente de la empresa Physician Correctional, Dr. Raúl Villalobos Díaz, anunció en conferencia de prensa el avance del programa de telemedicina que había comenzado como un proyecto piloto hace poco más de un año. Al mismo tiempo, el galeno presentó una serie de iniciativas estratégicas dirigidas a transformar y fortalecer los servicios de salud ofrecidos a la población privada de libertad en Puerto Rico.

Estas acciones incluyen la expansión de los programas clínicos, y el fortalecimiento de los estándares de calidad mediante la acreditación todas las facilidades médicas correccionales. Las iniciativas presentadas intentan mejorar el acceso a tratamientos basados en evidencia clínica y atender retos críticos de salud pública que presentan los confinados como la crisis de opioides y la prevalencia de Hepatitis C.

Según Villalobos, “como parte de la modernización del sistema de salud correccional, Physician Correctional está ampliando el uso de servicios de telemedicina, lo que permitirá fortalecer el acceso a especialistas, agilizar evaluaciones médicas, mejorar la continuidad del cuidado y reducir traslados médicos innecesarios fuera de las instituciones correccionales”. De ordinario, los confinados que requieren servicios especializados son escoltados al Centro Médico para ser evaluados. Estos traslados tienen un costo de millones de dólares para el DCR. “Este modelo facilita consultas con especialistas como endocrinólogos, psiquiatras y otros profesionales clínicos, ampliando el alcance de los servicios médicos disponibles para la población confinada”, enfatizó el médico.

Durante la conferencia de prensa, Villalobos presentó el equipo de telemedicina que será utilizado, y vídeo que demuestra sus capacidades.

Enfatiza en la calidad de sus servicios

El Dr. Villalobos, destacó que la organización continúa ampliando la oferta de servicios médicos de calidad tanto en la comunidad como en el sistema correccional. Recientemente, la empresa y sus afiliadas recibieron la calificación de 5 estrellas por el Center for Medicare and Medicaid Services (por sus siglas en inglés, CMS). En el caso de los servicios a confinados, Villalobos subrayó que Physician Correctional había logrado obtener para Puerto Rico el “Pinnacle Award” otorgado por la National Commission on Correctional Health Care (por sus siglas en inglés, NCCHC), por ser el primer sistema de prisiones en Estados Unidos en lograr la acreditación de todas las facilidades clínicas.

“Nuestro compromiso con los pacientes puertorriqueños se extiende desde la comunidad hasta las personas confinadas y transgresores juveniles a quienes tenemos el privilegio de servir mediante el contrato de servicios de salud otorgado a nuestra empresa por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, cuya vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre de 2028”, expresó Villalobos.

Actualmente, oficiales de la NCCHC se encuentran realizando visitas de reacreditación en las facilidades médicas correccionales de Mayagüez, Ponce, Guayama y Bayamón, proceso que intenta extender las certificaciones ya obtenidas por tres años adicionales.

Rampante el uso de opioides en las cárceles

El Dr. Villalobos señaló que más del 72% de las personas que ingresan al sistema correccional presentan resultados positivos a sustancias controladas, principalmente opioides y fentanilo, situación que ha generado aumentos significativos en hospitalizaciones, morbilidad y riesgo de mortalidad.

A nivel federal, el Departamento de Salud de Estados Unidos ha catalogado el fentanilo como una amenaza crítica de salud pública, lo que subraya la importancia de implementar programas clínicos efectivos dentro del sistema correccional.

Como parte de las estrategias anunciadas, Physician Correctional se encuentra implementado múltiples programas clínicos dirigidos a fortalecer la continuidad del cuidado médico entre las que se incluyen el programa de Tratamiento de Medicación Asistida (MAT) con metadona que tiene una capacidad de 52 participante y el Programa de tratamiento con Buprenorfina ya ha sido acreditado por la NCCHC. “Este programa ha sido muy exitoso y tiene una capacidad de 28 participantes y el Programas de desintoxicación ambulatoria en proceso de apertura en Bayamón 705 y Ponce 676.

“Deseamos destacar que la ampliación programática de estos servicios incluye también la Unidad de tratamiento de opiáceos en Bayamón 501 con capacidad para 50 pacientes”, enfatizó el médico.

Tratamiento de Hepatitis C

El Departamento de Salud (DS)estimó el pasado año que el sistema correccional albergaba unas 1,700 personas que padecen de Hepatitis C. En respuesta, el DS, y el DCR establecieron una colaboración interagencial para expandir el tratamiento de esta condición. Esto, debido a que una vez los confinados son puestos en libertad al cumplir sus sentencias, pudieran poner en riesgo de contagios a la comunidad general.

Actualmente se desarrolla un proyecto piloto que ya ha impactado a 43 pacientes, mientras que el Gobierno de Puerto Rico ha asignado unos $20 millones para tratar la enfermedad. “Hemos estado brindado estos servicios de forma limitada a la población penal, y agradecemos que el Gobierno haya escuchado nuestra sugerencia de expandir estos tratamientos al 100% de la población correccional diagnosticada con Hepatitis C”, dijo el presidente de Physician Correctional. Enfatizó que expandir estos programas requieren el desarrollo de protocolos de tratamiento, acceso a los medicamentos y a un proyecto de orientación al paciente que se encuentra en sus etapas finales de desarrollo. “La meta de erradicar la enfermedad antes del 2030”, dijo el médico.

Cancelación del Contrato

“Nuestro compromiso con los pacientes puertorriqueños se extiende desde la comunidad hasta las personas confinadas y transgresores juveniles a quienes tenemos el privilegio de servir mediante el contrato de servicios de salud otorgado a nuestra empresa por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, cuya vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre de 2028”, enfatizó Villalobos. Sin embargo, en julio de 2025, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera le informó a la empresa su intención de cancelar el contrato. El DCR lleva a cabo un proceso de subasta en el cual participan al menos 12 empresas dedicadas a la administración de servicios clínicos.

El DCR alega que la cancelación es resultado de los eventos relacionados a la excarcelación del recluso Hermes Ávila, y Physician Correctional argumentó ante los tribunales que la acción fue en respuesta una al apoyo que los dueños de Physician Correctional brindaron a Pedro Pierluisi Urrutia, cuando entonces era candidato en las primarias del PNP. Aunque el DCR ha insistido en la terminación del acuerdo, al momento no se ha especificado la fecha pautada para la entrada la otra empresa.