La gobernadora también firmó la medida que eleva de 0% a 4% la tasa contributiva que tendrán que pagar nuevos beneficiarios de la Ley 60 por ganancias de capital, intereses y dividendos.

La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el proyecto que incluye enmiendas a las Ley Electoral.

Entre otras cosas, el proyecto reduce la edad para cualificar para el voto adelantado a 50 años. Igualmente dispone que cualquier persona que solicite voto por correo ya no tendrá que hacerlo a través del correo certificado.

Además, incorpora una nueva modalidad de voto presencial adelantado, ordena establecer 40 Juntas de Inscripción Permanente.

El voto adelantado presencial comenzará no menos de 15 días antes del día de la votación y concluirá no menos de dos días antes de esta. Su horario será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Entre otros cambios, dispone el proyecto que las papeletas mal votadas y nulas no formarán parte del cómputo de los porcientos del resultado de la votación. Así no se reconoce dañar la papeleta como un ejercicio válido democrático. También amplía las alternativas para seleccionar un presidente y vicepresidente al indicar que serán jueces del Tribunal General de Justicia. Ahora se dispone que sean de Primera Instancia.

La pieza legislativa ahora permite que el elector solicite el envío de una papeleta a una dirección que no coincida con la de su registro electoral.

De otra parte, la gobernadora firmó un proyecto que eleva a 4% la tasa contributiva que tendrán que pagar nuevos beneficiarios de la Ley 60 e indicó que el dinero generado será honrado a residentes locales a través de otra medida legislativa.

En un anuncio grabado, la ejecutiva estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 505. La tasa contributiva, que aplicaría a nuevos recipientes de estos beneficios, sería sobre ganancias de capital, intereses y dividendos. Ahora, esos acuerdos con el gobierno expirarán en el año 2055.

Falta porque finalice su trámite legislativo otro proyecto que rebaja a 4% la tasa contributiva sobre ganancias de capital, intereses y dividendos a los residentes de Puerto Rico.

 La nueva ley le requiere a los beneficiarios comprar una casa y tenerla como residencia principal.

“Esto mueve la economía, mueve las propiedades”, dijo González.

Otra nueva ley firmada hoy convierte en delito grave, con pena de tres años de cárcel, violenta una orden de protección.