La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene desde sus inicios en 2017 una política para articular su poder de revisar contratos del gobierno bajo la Ley PROMESA y, cerca del cierre del 2025, hicieron observaciones a varias contrataciones, sin llegar todavía a ordenar que los contratos no se ejecuten.

El ente fiscal ancla su revisión bajo las disposiciones de ley que indican que los contratos deben “promover la competencia en el mercado”, “no son inconsistentes con un plan fiscal aprobado” y la intención congresional de que su intervención en esta área debe “hacer más efectivo el proceso de contratación gubernamental” y “aumentar la fe pública en el proceso”.

Tan solo en diciembre, la JSF hizo observaciones como estas en la contratación gubernamental:

-Departamento de Corrección y Rehabilitación: Aprobó una tercera enmienda al contrato de Carolina Catering Corporation (CCC) para proveer comidas a los confinados. El acuerdo original, de 2021, dura 10 años y disponía un costo de $2.60 por cabeza para una población correccional de 8,300. La enmienda aprobada ahora es de $3.07 para 11,388 confinados. La JSF dijo que no va a aprobar una extensión al contrato y requirió un proceso de subasta para un contrato de menos duración porque los servicios comparables en Estados Unidos se prestan bajo contratos de entre tres a cinco años y el costo por confinado está debajo de los $3.00. La adjudicación de este contrato provocó una impugnación judicial y una multa ética contra el exdirector legal de la agencia, Eduardo Jesús Rivera Juanatey, que todavía está pendiente y que le imputó intervención indebida en el proceso de reconsideración de subasta.

-Departamento de Salud: Esta agencia tiene tres contrataciones condicionadas en semanas recientes. El ente fiscal indicó que no va a aprobar extensiones a los contratos con Manpowergroup, Inc. hasta que se demuestre que la agencia presente un plan de transición. La empresa lleva años proveyendo empleados para múltiples áreas de la agencia bajo el concepto de empleado temporero. Pero la Junta quiere transicionar esas posiciones para que cumplan con la política de contratación por mérito que impulsaron para todo el gobierno. También, la JSF indicó que la agencia debe completar para febrero una subasta sobre el administrador de la tarjeta de débito para participantes del Programa WIC. GM Sectec, Corp. tiene ese contrato desde 2016 y la agencia le ha aprobado cinco enmiendas que llevan su costo de $6,578 millones a $8,649 millones. Finalmente, para enero el departamento debe llevar a cabo una subasta para el servicio de licencias digitales que otorgó sin competencia a la empresa XUVO Technologies en mayo pasado.

-Autoridad de Acueductos y Alcantarillados: La corporación pública propuso una extensión de 10 años al contrato de disposición de residuos de la planta de composta de Arecibo con Caribbean Composting, Inc., pero el ente fiscal redujo el término a solo seis meses y pidió una subasta para esos servicios. El contrato original es de 2012 con valor de $9 millones y la cuarta enmienda propuesta hubiera elevado el valor a $22.7 millones y ampliado la vigencia a 2035. La autoridad no realizó subasta para el acuerdo original porque la empresa ya tenía un contrato para operar la planta y procurar un suplidor distinto hubiera aumentado costos. Pero la JSF observó que el argumento de aumento de costos nunca se ha comprobado. La subasta debe estar completada para junio de 2026.

-Universidad de Puerto Rico: Desde 2021, el complejo de edificios conocido como Plaza Universitaria está sometido a administración bajo contrato con la empresa University of Puerto Rico Parking System, Inc. sin realizar un proceso de subasta. La universidad sometió a la Junta una enmienda al contrato vigente que aumentaría su valor de $1,354,000 a $2,354,000.02 y extendería su vigencia al 30 de junio de 2026. La administración universitaria dijo que no hacía subasta porque hay una pugna legal con el administrador anterior que podría terminar pronto. Entretanto, al administrador actual se le han extendido cinco contratos sin competencia. El ente fiscal indicó que la universidad debe realizar la subasta para fines de febrero de 2026. La enmienda al contrato actual se aprobó hasta el 30 de junio de 2026.

-Departamento de Educación: La Junta aprobó la quinta enmienda al contrato con Genesis Security Services, Inc. para proveer guardias no armados en planteles y dependencias. El contrato comenzó en 2024 con valor de $55.7 millones y la enmienda aprobada eleva el costo a $104.5 millones con vigencia hasta junio de 2026. Las justificaciones de las enmiendas variaron desde que se aumentó la cantidad de planteles cubiertos hasta extensión de horas de servicio, ampliación a centros de educación para adultos y que supuestamente en 15 escuelas había ocurrido aumento de matrícula o de incidentes de seguridad. Sin embargo, antes de aprobar esta quinta enmienda, la JSF requirió al departamento que desarrollara una métrica científica de la proporción de guardias a estudiantes porque en noviembre pasado, cuando el ente fiscal cuestionó a la agencia por una cuarta enmienda, surgió que no había ocurrido aumento en matrícula ni incidentes, sino una reducción en ambos renglones.