En una granja cerca de Bogotá, antiguos guerrilleros y víctimas reconstruyen sus vidas mediante proyectos agrícolas, pero advierten que los recortes presupuestarios y la falta de respaldo político amenazan los avances de la reconciliación.

EFE – A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), excombatientes y víctimas temen que los recortes presupuestarios y las críticas del Gobierno actual afecten los programas que les permiten reconstruir sus vidas.

En la granja Tíbares, ubicada a hora y media de Bogotá, firmantes del acuerdo, víctimas y residentes trabajan desde 2020 en proyectos agrícolas y pecuarios para promover la reconciliación.

Angélica Bayén Muñoz, víctima de violencia sexual durante el conflicto, relató a EFE que tanto las víctimas como los excombatientes se han sentido amenazados e intimidados. Tras sufrir dos desplazamientos forzados, encontró en la granja un espacio para escuchar las experiencias de antiguos guerrilleros y perdonarlos.

Alessandro Preti, director del área de Verificación de la Misión de la ONU en Colombia, destacó que la iniciativa demuestra que los excombatientes pueden contribuir a la construcción de paz junto con las comunidades.

La violencia persiste tras la firma del acuerdo

Luis González, quien se incorporó a la guerrilla durante la adolescencia tras la ejecución de familiares por el Ejército, aseguró que tuvo que huir en dos ocasiones de las disidencias de las FARC por negarse a volver a las armas.

“Todavía no, porque estoy huyendo”, expresó al describir su experiencia con el proceso de paz.

Tito Cuevas, otro firmante que pasó 30 años en las FARC, también tuvo que abandonar Arauca y trasladarse a Bogotá por temor a las disidencias.

La consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, Isabelita Mercado, advirtió que el recrudecimiento del conflicto ha provocado que antiguos combatientes también sean víctimas de desplazamiento y amenazas.

Preocupa la continuidad de las ayudas

Más de 8,000 firmantes reciben una renta básica equivalente al 90% de un salario mínimo, administrada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Aunque el beneficio se estableció inicialmente por 24 meses, su duración se ha extendido para apoyar la sostenibilidad del proceso de reincorporación.

Mercado expresó preocupación por la posible falta de fondos para la agencia y sostuvo que el Estado debe cumplir los compromisos asumidos con quienes dejaron las armas, independientemente del partido que esté en el poder.

González afirmó que la renta básica es su principal medio de subsistencia y le permite permanecer con su familia. Cuevas advirtió que, sin esa ayuda, algunos firmantes podrían volver a las armas.

Cuestionan el respaldo político al acuerdo

Rolando Albeiro Acevedo, conocido como alias Octavio, excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas y líder del proyecto de Tíbares, afirmó que trabajan para evitar que se desmantelen los avances de la última década.

Acevedo, quien salió de prisión en 2017 como resultado del acuerdo y comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sostuvo que no percibe voluntad política del Gobierno actual para continuar con la implementación.

Pese a la incertidumbre, Preti defendió el acuerdo como una esperanza para Colombia y el mundo.

González, por su parte, reconoció las dificultades de la reincorporación, pero aseguró que no se arrepiente de haber dejado las armas porque ha tenido la oportunidad de estar con su familia.