La querella, con fecha del 1 de octubre, fue presentada contra José Luis Hernández Rivera, quien entró a la Policía Municipal de Bayamón en el 2002 y ascendió a Sargento en junio de 2022.

Un sargento de la Policía Municipal de Bayamón enfrenta una querella ética por al menos nueve acercamientos no deseados de índole sexual contra una agente del cuerpo policiaco.

La querella, con fecha del 1 de octubre, fue presentada contra José Luis Hernández Rivera, quien entró a la Policía Municipal de Bayamón en el 2002 y ascendió a Sargento en junio de 2022.

El presunto patrón de hostigamiento sexual ocurrió en el 2024, entre el 1 de julio de 2025 y el 23 de septiembre, cuando el querellado se desempeñó como supervisor de la Unidad Motorizada de Bayamón. Igualmente era supervisor de la perjudicada.

El Municipio de Bayamón no contestó inmediatamente una petición de información sobre el estatus laboral de Hernández Rivera.

La querella detallada cada acercamiento de hostigamiento. Por ejemplo, el 18 de agosto besó a la agente, quien retiró su rostro. El mismo día acercó su pelvis contra la mujer policía mientras ella se encontraba sentada, según la OEG, para pegar sus genitales contra la mujer.

Al día siguiente, el querellado hizo “movimientos sugestivos” con un juego de llaves al sostener las llaves en los dedos de la mujer policía “haciendo que el dedo de la mujer policiá pentetrara el aro que sostenía las llaves”, lee la querella.

Cinco días después, la víctima estaba sentada en el retón cuando el querellado se le acercó e intentó acercar sus genitales al brazo izquierdo de la mujer.

En otros incidentes, según la querella, le dio besos no deseados, colocó sus manos sobre los hombros de la mujer mientras acercaba su rostro e intentó tocar el seno de la querellante en dos ocasiones.

“La conducta del querellado comenzó aproximadamente en mayoi de 2025 y se mantuvo de forma continua y deliberada durante varios meses”, lee la querella.

Hernández Rivera, según la OEG, aprovechó la vulnerabilidad de la mujer policía y de relación de poder inherente a su puesto público. Así, enfrenta violaciones al Código Municipal y a la Ley de Ética Gubernamental.

El querellado tiene 20 días para contestar a partir del 1 de octubre.