Durante la vista el juez determinó que González Domínguez no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, contrario a los planteamientos presentados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El juez de inmigración Elvin Talavera Peraza concedió el jueves una fianza de $7,500 al comerciante mexicano Sandro González Domínguez, quien compareció mediante videoconferencia desde Florida a una vista celebrada en Guaynabo, luego de que un tribunal federal ordenara su regreso a Puerto Rico.

“Celebramos que Sandro podrá reunirse con su familia en Puerto Rico, que es su hogar. Pero, al mismo tiempo, denunciamos la actitud autoritaria con que las agencias de inmigración siguen comportándose, incluso después de la determinación del juez de inmigración. Sandro nunca debió haber sido detenido y mucho menos sacado de Puerto Rico”, dijo el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Fermín Arraiza, en declaraciones escritas.

Durante la vista, Talavera Peraza determinó que González Domínguez no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, contrario a los planteamientos presentados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La abogada de inmigración del comerciante y directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, María García, presentó evidencia para refutar los argumentos de la agencia federal. Familiares, amigos y miembros de la comunidad también acudieron al tribunal en apoyo a González Domínguez.

Según la ACLU, el inmigrante compareció a la vista desde Florida, posiblemente desde el Centro de Detención Krome, en Miami. La organización denunció que, hasta el jueves a media tarde, las autoridades migratorias no habían cumplido con la orden emitida el miércoles por el juez federal Raúl Arias Marxuach para devolverlo a Puerto Rico.

“Nuevamente vemos cómo las agencias federales de inmigración actúan de modos contrarios a la ley, desapareciendo a Sandro, impidiendo comunicación con su representación legal y su familia, exponiéndolo a peligros y las violaciones de derechos que ya han sido documentadas en los centros de detención, y ahora retrasando innecesariamente la liberación y encuentro de Sandro con sus seres amados y su comunidad”, expresó García.

González Domínguez, codueño de los restaurantes Callejeros fue detenido el sábado 26 de septiembre por agentes enmascarados de ICE afuera de uno de los restaurantes de los que es copropietario. Lleva 28 años residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico y participa en una empresa que opera ocho establecimientos y emplea aproximadamente a 115 personas.

El 28 de septiembre, la ACLU presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico con el propósito de impedir que el comerciante fuera trasladado fuera de la jurisdicción local.

Pese a que las agencias federales habían sido notificadas del procedimiento, González Domínguez fue trasladado fuera de Puerto Rico mientras el tribunal atendía el recurso, según denunció la organización.

Alrededor de las 4:42 de la tarde del miércoles, su nombre dejó de aparecer en el sistema de localización de detenidos de ICE, que previamente lo ubicaba en San Juan. Arias Marxuach emitió su opinión y orden sobre el habeas corpus a las 5:45 de la tarde y posteriormente recibió una moción urgente que informó sobre el traslado.

Ante esa situación, el juez federal ordenó a las autoridades migratorias traer nuevamente a González Domínguez a Puerto Rico.