«Entre no poder probar el maltrato y haberlo inventado existe un abismo que el Derecho no puede darse el lujo de ignorar», dice el licenciado Walter Pérez.

El Derecho tiene sus paradojas. Quizás una de las más inquietantes sea que el mismo sistema concebido para proteger a una víctima pueda terminar siendo utilizado para prolongar su victimización. Ello ocurre cuando quien denuncia un maltrato, acude al Ministerio Público o solicita una orden de protección termina luego demandada(o) por persecución maliciosa, precisamente por haberse atrevido a tocar las puertas de la justicia.

No toda denuncia prospera, no toda víctima logra probar lo ocurrido. Hay hechos que acontecen sin testigos, evidencia que nunca existió o dejó de existir y versiones que un tribunal tendrá que sopesar. Pero no poder probar una alegación no equivale a haber mentido, ni una determinación adversa convierte, por arte de magia, a la víctima en victimario.

La causa de acción sobre persecución maliciosa existe por una razón legítima: nadie debe utilizar los tribunales para perseguir a otro mediante procedimientos infundados. Precisamente por eso es una causa de acción excepcional, con requisitos rigurosos como la malicia, la ausencia de causa probable y la terminación favorable del procedimiento anterior. Su razón de ser es frenar el abuso del proceso, no ofrecerle un nuevo cauce.

El problema comienza cuando ese remedio deja de funcionar como escudo y se empuña como lanza contra quien buscó la protección de la justicia. Porque una demanda no es un simple papel. Son abogados, gastos, interrogatorios, deposiciones, comparecencias y años potenciales de litigio. Es obligar a una persona a volver sobre aquello que intentaba dejar atrás, solo que ahora desde la incómoda silla del demandado. La revictimización entonces se institucionaliza: adquiere expediente, número de caso y calendario judicial.

Ante ese escenario, peor aún es el mensaje que aflora para las próximas víctimas: si vas a denunciar, más vale que puedas probarlo, sino mañana podrías ser tú quien tenga que defenderse. El peligro es evidente, desalentar a quien sufre maltrato de utilizar los mecanismos que la ley creó para protegerle.

Nada de esto concede inmunidad a quien fabrique una acusación o utilice maliciosamente los tribunales. Quien verdaderamente abuse del sistema debe responder. Pero entre no poder probar el maltrato y haberlo inventado existe un abismo que el Derecho no puede darse el lujo de ignorar.

La persecución maliciosa debe seguir siendo un remedio contra el abuso judicial, no una fórmula sofisticada para perpetuarlo. Porque hay una frontera muy fina entre reclamar justicia y judicializar una represalia. Y cuando esa frontera se cruza, el pleito deja de ser el camino hacia el castigo. El pleito mismo se convierte en el castigo.