Se identificó ausencia de un proceso competitivo para la selección del proveedor; acceso del contratista a documentos, procesos y personal gubernamental antes de la formalización del contrato; y formalización de contratos en contraposición a las normativas aplicables.

Una intervención de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identificó deficiencias en los procesos de contratación de servicios tecnológicos e informáticos del Departamento de Salud, entre ellas la ausencia de un proceso competitivo para seleccionar al proveedor de la plataforma digital Salud Digital.

Aunque el contrato pactado establece un pago nominal de $1.00 anual por parte del Gobierno, el proveedor puede cobrar directamente a la ciudadanía cargos por procesamiento y generar ganancias millonarias durante la vigencia del contrato.

El examen, que cubrió el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025, identificó ausencia de un proceso competitivo para la selección del proveedor; acceso del contratista a documentos, procesos y personal gubernamental antes de la formalización del contrato; y formalización de contratos en contraposición a las normativas aplicables.

El informe señala que el valor económico de la contratación no debe evaluarse únicamente a partir del desembolso nominal del Gobierno, sino considerando también los ingresos derivados de los cargos por procesamiento cobrados directamente a los ciudadanos.

En octubre de 2025, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) recomendó a Salud realizar un proceso competitivo en un plazo de 90 días para promover la competencia, evitar la apariencia de irregularidades y aumentar la confianza pública en la contratación gubernamental. Posteriormente, el Departamento de Salud certificó a la OIG que de sus expedientes no surgía un proceso competitivo para esta contratación, y argumentó que tampoco era necesario por tratarse de un pago nominal anual de $1.00.

No obstante, la JSAF estimó el valor real del contrato en aproximadamente $7.5 millones. Por su parte, utilizando datos históricos de transacciones de la plataforma predecesora, la OIG proyectó que el proveedor podría generar aproximadamente $9 millones en cargos por procesamiento durante la vigencia del contrato.

El examen también señaló que la estructura de cargos puede representar una carga proporcionalmente mayor en transacciones de menor cuantía. Por ello, la OIG recomendó a Salud realizar un análisis de proporcionalidad tarifaria. Además, la agencia fiscalizadora identificó que del expediente examinado no surgía evidencia de un proceso abierto y competitivo, de la publicación de la necesidad de los servicios ni de la evaluación de propuestas conforme a los parámetros aplicables, aun cuando el contrato contenía una certificación de cumplimiento.

Como parte de sus recomendaciones, la OIG dispuso que se establezca un mecanismo para verificar, antes de su incorporación al contrato, toda certificación de cumplimiento, de manera que refleje adecuadamente la realidad del proceso de contratación.

“La transformación digital del Gobierno debe estar acompañada de controles que garanticen transparencia, competencia y protección del interés público. Cuando un servicio tecnológico se sostiene mediante cargos pagados directamente por los ciudadanos, resulta indispensable evaluar el verdadero valor económico de la contratación y asegurar procesos transparentes”, expresó la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.

La intervención también reveló que, desde febrero de 2025, antes de formalizarse el contrato el 19 de mayo de 2025, el proveedor solicitó información operacional detallada a Salud, incluyendo requisitos, certificaciones, costos, estructuras de tablas y otros elementos necesarios para la configuración de la plataforma.

Según la documentación examinada, personal de Salud participó en reuniones, completó plantillas, corrigió información y remitió versiones revisadas al proveedor. La OIG determinó que estas actuaciones generaron riesgos para la competencia, la transparencia y la independencia del proceso de contratación. El examen también identificó deficiencias relacionadas con el Registro de Proveedores de Tecnología, la póliza de ciberseguridad y los mecanismos de revisión contractual y certificación previa.

En una contratación distinta examinada, relacionada con la plataforma tecnológica del Sistema de Elegibilidad e Inscripción de Medicaid de Puerto Rico (MEDITI3G), la OIG también identificó situaciones relacionadas con la formalización de contratos y enmiendas en contraposición a las normativas aplicables.

El examen determinó que varias enmiendas no fueron sometidas para la evaluación y autorización tecnológica que correspondía, y que en los expedientes examinados faltaban documentos y certificaciones requeridos previo a la formalización contractual. Estas situaciones expusieron al DS a riesgos relacionados con la validez contractual, el cumplimiento regulatorio y la capacidad de acreditar posteriormente que cada contratación cumplió con las obligaciones legales aplicables.

El Departamento de Salud tuvo oportunidad de responder a los hallazgos. La OIG evaluó los comentarios y la evidencia presentada antes de completar el informe y determinó que los señalamientos incluidos se sostienen y requieren acciones correctivas formales.

Como resultado del examen, la OIG emitió ocho recomendaciones dirigidas a fortalecer los procesos de contratación del Departamento de Salud. Entre ellas, recomendó dar cumplimiento a la recomendación de la JSAF de realizar un proceso competitivo para los servicios provistos bajo el contrato con el proveedor tecnológico; realizar un análisis de proporcionalidad tarifaria; y establecer mecanismos para verificar las certificaciones de cumplimiento antes de formalizar las contrataciones.

La OIG también recomendó que toda coordinación técnica, análisis funcional y revisión de documentos operacionales se realice únicamente después de que el contrato esté firmado, certificado y debidamente registrado, con el propósito de mitigar riesgos legales y evitar inequidades entre suplidores.

De igual manera, recomendó fortalecer los controles administrativos, legales y tecnológicos; garantizar que los contratos y enmiendas de servicios tecnológicos sean sometidos a la evaluación y autorización de PRITS cuando corresponda; y asegurar que los documentos y certificaciones requeridos sean obtenidos, verificados e incorporados al expediente antes de la formalización del contrato o enmienda. La OIG dará seguimiento a la implantación de las medidas correctivas correspondientes.