Jorge Navarro indica que se está inspirando en la Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces del Poder Judicial.

El representante penepé Jorge Navarro ha presentado un proyecto de ley que crea un mecanismo para evaluar anualmente el desempeño de jueces administrativos y oficiales examinadores.

Un oficial examinador es una persona designada por una agencia para presidir procedimientos adjudicativos y rendir informes o recomendaciones a jefes de agencia. Un juez administrativo es un funcionario o empleado de una agencia a quien el jefe de la dependencia le delega la autoridad de adjudicar una controversia.

Se pueden ver en instrumentalidades como el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), el Departamento de la Familia, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH): la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y negociados de Seguridad y Telecomunicaciones.

“Esta Ley crea, por tanto, un sistema uniforme de evaluación anual del desempeño de los jueces administrativos y oficiales examinadores de todas las agencias cubiertas por la LPAU (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme)”, lee la exposición de motivos del proyecto.

Navarro indica que se está inspirando en la Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces del Poder Judicial.

La medida, referida a la Comisión de lo Jurídico, ordena a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) a entregar cuestionarios de evaluación de desempeño a comparecientes, entiéndase todo abogado o abogada, representante legal, parte, querellante, querellado, promovente, promovido, interventor, fiscal, procurador o procuradora, abogado o abogada de la agencia y todo funcionario o empleado público que haya comparecido a una vista, conferencia o procedimiento adjudicativo presidido por el funcionario evaluado.

Las evaluaciones, según el proyecto, se recopilarán en un cuestionario electrónico. Le tocará a la OATRH evaluarlos y el evaluado o evaluada tendrá tiempo para contestar los hallazgos.

Las evaluaciones se harán anualmente e incluirán una autoevaluación del funcionario. Se tomarán en cuenta querellas presentadas, datos sobre su rendimiento, casos resueltos y el promedio que haya tomado, entre otros factores. La intención es estudiar el conocimiento del Derecho, la integridad e imparcialidad, la capacidad de análisis, el temperamento, las destrezas profesionales y la diligencia.

Los resultados se podrán dividir entre excepcional, bien calificado, calificado, deficiente y no calificado.

Acto seguido, dispone la medida, la OATRH presentará un informe preliminar de evaluación, podrá ser contestado y finalmente será enviado a la dependencia en que trabaje el evaluado.

Según el proyecto, el proceso de evaluación y su resultado será confidencial, pero podrá ser utilizado para determinar la renovación o revocación de los servicios o la preparación de un plan de mejoramiento, dependiendo del resultado.

El proyecto establece que la OATRH tendrá que presentar un informe sobre la implementación de la ley ante la Legislatura.