«El pueblo de Puerto Rico merece respuestas y rendición de cuentas», dijo.

El Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández Rivera, detalló en el hemiciclo de la Cámara de Representantes la cronología del controversial contrato de $5,900 millones para generación de energía temporera en Puerto Rico.

En su mensaje, exigió  rendición de cuentas a las agencias gubernamentales responsables de supervisarlo y anunció que haría solicitudes de información conforme a su autoridad congresional.

El Comisionado Residente señaló, y así se recogió en un comunicado de prensa divulgado por su oficina, que él y el excongresista Mark Greene plantearon preocupaciones bipartitas sobre irregularidades en el proceso de contratación el año pasado.

«Parece que la preocupación estaba justificada», dijo el Comisionado Residente.

El Comisionado Residente narró que el 28 de agosto de 2025, Power Expectations y Reyes Contractor obtuvieron un contrato de $5,900 millones para generación de energía temporera en Puerto Rico, pese a carecer de la pericia y capacidad financiera requeridas. El gobierno les ordenó formar un consorcio, y así incorporaron a Enchanted Rock, cuyo contrato fue firmado por una persona identificada como «Jhoby Weaks» —un puesto y una firma que, días después, Enchanted Rock denunció como falsos. Según el Comisionado Residente, la empresa también había recibido previamente una carta de un bufete que intentó extorsionarla, carta que el propio bufete luego negó haber enviado.

En lugar de rescindir el contrato o denunciar el fraude, las agencias responsables sustituyeron discretamente a Enchanted Rock por otra empresa. Casi dos meses después, trascendió el alegado fraude. Tras conocerse la noticia, la Junta canceló el contrato, y el gobierno, bajo presión pública, refirió el caso a las autoridades casi dos meses después de haberse enterado.

El Comisionado Residente exhortó al gobierno de Puerto Rico a rendir cuentas, señalando que el Congreso ha asignado $17,000 millones para proyectos de energía en la isla. Insistió en que buscará respuestas sobre qué sabía el gobierno, cuándo lo supo, por qué lo ocultó, y si el episodio refleja corrupción, incompetencia o ambas. También señaló las consecuencias reales del escándalo: apagones causados por la consiguiente falta de capacidad de generación de emergencia.

«El pueblo de Puerto Rico merece respuestas y rendición de cuentas. El Congreso, que ha asignado $17,000 millones para proyectos de energía en Puerto Rico, merece respuestas y rendición de cuentas», dijo el Comisionado Residente. «La gran mayoría de los puertorriqueños no somos corruptos ni incompetentes. Como la gran mayoría de los ciudadanos americanos y de los miembros del Congreso, detestamos la corrupción y le hacemos frente. Trabajemos juntos para restaurar el buen gobierno, castigar la corrupción, arreglar lo básico y volver a encender las luces en Puerto Rico.»