Brenda Pérez Soto dice que existe un protocolo, pero no se aplica.

Una senadora penepé alega que no existe ni “uniformidad”, ni “claridad” en cómo se investigan delitos en las cárceles y que tampoco se está aplicando un protocolo para regular estas pesquisas y que fue aprobado en 2011.

La senadora Brenda Pérez Soto ha presentado una medida con que busca que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara averigüe por qué no se está cumpliendo con el mencionado protocolo firmado entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la Policía.

En la Resolución Conjunta del Senado 206 no se menciona una sola instancia en que las dependencias no estén cumpliendo. Sin embargo, ella parte de la premisa de que el protocolo existe, pero no se implementa.

“Resulta imperativo asegurar el cumplimiento cabal de este mandato, mediante la formalización de un protocolo interagencial que delimite funciones, procedimientos, jurisdicciones, canales de comunicación y responsabilidades entre ambas entidades. Esto permitirá fortalecer la seguridad institucional, mejorar la capacidad investigativa y garantizar una respuesta adecuada ante situaciones que comprometan el orden y la seguridad dentro de las instituciones correccionales”, lee la Exposición de Motivos.

Según la legisladora de primer turno, el protocolo debe establecer la jurisdicción de cada entidad, los procedimientos de intervención, de investigación criminal y los canales de comunicación. Además, la medida mandata al DCR y a la Policía demostrar a la Legislatura en no más de 90 días un informe demostrando que se cumple con el protocolo.

“Han transcurrido 15 años desde que se estableció este mandato. Cuando hablamos de delitos dentro de nuestras cárceles podemos estar hablando de sustancias controladas, armas, explosivos y hasta crimen organizado. Ante situaciones de esta naturaleza no puede existir espacio para dudas sobre quién investiga, quién interviene, cuál agencia tiene determinada responsabilidad o cómo se comparte la información. Lo que estamos exigiendo es claridad, coordinación y cumplimiento con la ley”, expresó Pérez Soto en un comunicado de prensa.

“Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde la coordinación investigativa sea menos rigurosa por el simple hecho de que el delito ocurrió detrás de sus paredes. Todo lo contrario. Allí también tiene que quedar absolutamente claro quién interviene, quién investiga y quién responde. Quince años son suficientes para que ese mandato tenga una respuesta clara y verificable”, concluyó Pérez Soto.