Por ejemplo, la partida de mantenimiento, que hace dos años era de $71 millones, el año pasado fue recortada a unos $53 millones y este año a unos $28 millones

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, reconoció el martes que la agencia enfrenta recortes en las partidas de mantenimiento y seguridad escolar, aunque sostuvo que la reducción de cerca de $1,200 millones en el presupuesto consolidado no representa en su totalidad dinero operacional que el Departamento tuviera disponible.

“En efecto, en el presupuesto consolidado hablamos de $5,200 millones el año pasado, el año fiscal que acaba de cerrar, y de unos $4,000 millones en el presupuesto que estamos asumiendo en este momento”, explicó Ramos Parés durante una conferencia de prensa.

El funcionario atribuyó una parte importante de esa diferencia a la contabilización de fondos federales ESSER creados durante la pandemia, cuyo remanente fue liquidado durante el año fiscal anterior.

“Quedó un remanente cuya liquidación fue contabilizada el año pasado. Esa liquidación de los primeros meses del año fiscal se contabilizó —y hablo de contabilizar— porque no tuvo un efecto inmediato en muchas de las partidas u operaciones del Departamento”, indicó.

Ramos Parés admitió, no obstante, que las partidas ordinarias destinadas al mantenimiento de planteles y a la seguridad escolar sí han sufrido reducciones.

“La realidad es que tengo que reconocer que hemos tenido recortes paulatinos año tras año. Por ejemplo, la partida de mantenimiento, que hace dos años era de $71 millones, el año pasado fue recortada a unos $53 millones y este año a unos $28 millones. En efecto, habrá un impacto en todas estas partidas”, sostuvo.

“En el área de seguridad también vemos un recorte paulatino: de hace dos años al año pasado, y uno mucho mayor este año. De un año a otro, vemos un recorte de $11 millones en la partida de seguridad escolar. Sin duda, tenemos un impacto”, añadió.

El secretario señaló que desde el proceso presupuestario de 2025-2026 había advertido sobre esas insuficiencias ante la Asamblea Legislativa y la Junta de Supervisión Fiscal. Añadió que la información fue presentada nuevamente al equipo presupuestario del organismo en junio, pero el presupuesto fue certificado con las reducciones.

“El Departamento sí enfrenta retos en este momento. Hicimos una fórmula para atender todas las escuelas en aspectos de mantenimiento y seguridad. Es un tema que no está cerrado. Ahora mismo espero un cálculo porque, sin duda, no podemos trabajar todas las escuelas de la misma forma”, expresó.

Según Ramos Parés, la distribución de los recursos deberá considerar el tamaño de la infraestructura, la matrícula y las necesidades particulares de cada plantel. Aseguró que todas las escuelas tendrán personal o recursos de mantenimiento, aunque no precisó cuánto recibirá cada una.

En cuanto a educación especial y transportación escolar, el titular explicó que ambas áreas arrastran insuficiencias presupuestarias que fueron advertidas desde mayo y junio de 2025.

“El presupuesto tiene que ajustarse a las obligaciones que tenemos con los estudiantes: obligaciones legales y constitucionales”, afirmó al señalar que los servicios establecidos en los Programas Educativos Individualizados no pueden limitarse únicamente para ajustarse a la asignación disponible.

La Junta Fiscal aprobó el 30 de junio una reprogramación de fondos del Gobierno para atender pagos pendientes en educación especial y transportación escolar. Sin embargo, Ramos Parés informó que los desembolsos se retrasaron por problemas en la implantación del nuevo sistema financiero ERP.

“Durante estos 30 días, desde que la Junta aprobó la solicitud el 30 de junio, el principal reto del Departamento ha sido el ERP, el sistema financiero del Gobierno, que no nos ha permitido trabajar con la celeridad necesaria para desembolsar estos pagos”, dijo.

Los transportistas escolares advirtieron que no firmarán los contratos del nuevo año académico hasta recibir los pagos pendientes. El servicio atiende a más de 30,000 estudiantes y representa un costo anual de 130 millones de dólares, con una parte considerable destinada al transporte adaptado de alumnos de educación especial.

“Ellos están diciendo que no suscribirán los contratos porque su intención es crear suficiente presión para que salgan estos pagos. Estamos trabajando y, vuelvo y te digo, mi pretensión es que todos los servicios estén disponibles para este 6 de agosto. Sin duda, dependemos de lo que ocurra durante el día de hoy”, sostuvo Ramos Parés.