La firma contratada para auditar los estados financieros municipales se abstuvo de emitir una opinión sobre las operaciones del puerto durante los años fiscales 2023-2024 y 2024-2025 porque no recibió evidencia suficiente para determinar si la información era confiable.

La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, reveló que tres empleadas del Municipio de Ponce cobraron fondos públicos sin nombramiento oficial y que el Puerto de Ponce carecía de estados financieros auditados desde el año fiscal 2020-2021.

“El informe contiene hallazgos sobre los procesos de recaudación y el uso de las instalaciones municipales, lo que requiere controles claros, supervisión efectiva y reglamentación actualizada para proteger los recursos públicos, garantizar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en la administración municipal”, expresó Vega Fournier en declaraciones escritas.

Según el Informe de Auditoría OC-27-05, las tres asistentes administrativas recaudaron $35,646 entre marzo de 2023 y agosto de 2025 en el Centro de Vacunación Municipal Salud al Día y el Albergue de Animales Salvando Vidas, pese a que no tenían autorización escrita de la alcaldesa ni funciones de cobro incluidas en sus hojas de deberes.

Ese señalamiento no implica que faltara dinero, pero sí que personas sin la designación requerida recibieron, custodiaron y rindieron cuentas sobre fondos municipales, lo que debilitó los controles para detectar errores o irregularidades y fijar responsabilidades.

La administración municipal sostuvo que el Departamento de Finanzas había dado su visto bueno a las empleadas y que posteriormente creó un procedimiento formal para estos casos. Sin embargo, la Oficina de la Contralora mantuvo el hallazgo porque Ponce no presentó evidencia escrita de esas autorizaciones ni de la actualización de las funciones de las empleadas.

Otro señalamiento concluyó que el Municipio operaba el Parque Recreativo Luis A. “Wito” Morales con un reglamento de 2006 que no había sido actualizado conforme al Código Municipal ni a una ordenanza aprobada en 2024.

Entre enero y julio de 2025, personal del parque permitió que ocho particulares utilizaran gazebos sin pagar y sin evidencia de una autorización válida. La secretaria municipal indicó que desconocía quién aprobó esas exenciones y por qué se concedieron.

La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, reconoció en su respuesta al informe que el reglamento estaba desactualizado y atribuyó las exenciones a decisiones informales de personal de las instalaciones, sin autorización de la Secretaría Municipal ni de la autoridad nominadora.

La situación financiera del Puerto de Ponce también quedó bajo señalamiento. La firma contratada para auditar los estados financieros municipales se abstuvo de emitir una opinión sobre las operaciones del puerto durante los años fiscales 2023-2024 y 2024-2025 porque no recibió evidencia suficiente para determinar si la información era confiable.

El informe explica que los estados financieros auditados más recientes del puerto correspondían al año fiscal 2019-2020 y que no se habían preparado los de los cinco años siguientes. Esa ausencia impidió a los auditores externos validar las finanzas del componente portuario y afectó la credibilidad del Municipio sobre el manejo de esos recursos.

Sifre Rodríguez informó que el Municipio prepara una subasta para contratar a un contador público autorizado que confeccione los estados financieros del Puerto de Ponce correspondientes a los años 2021 al 2025.

Como medidas correctivas, la Oficina de la Contralora recomendó formalizar las designaciones de todo empleado que recaude dinero, actualizar el reglamento del parque e implantar controles que mantengan disponible y al día la información financiera de todos los componentes municipales.