Un informe revela que violó múltiples leyes con esta conducta y que tiene, en una sola división, tres empleados trabajando por contrato hace al menos 10 años.

El Departamento de Salud otorgó, sin justificación, once contratos de servicios profesionales para realizar funciones equivalentes a puestos regulares y cinco empleados realizaron funciones permanentes por años, según se desprende de un informe publicado en días recientes por la Oficina del Inspector General (OIG).

Estas actuaciones, según la OIG, revelan posibles faltas administrativas y violaciones a leyes como la Ley de Contabilidad del Gobierno, la Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos y la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno.

Además, la Ley de Empleados Transitorios o Temporales en el Servicio Público.

La OIG está recomendando que se establezca un protocolo de validación previa de toda contratación de servicios profesionales, requerir que toda contratación externa incluya una justificación formal y evaluar la situación de los empleados transitorios que forman parte del estudio.

“(Salud) Incumplió requisitos legales sobre contratación, reclutamiento y clasificación de puestos, exponiendo a la agencia a riesgos operacionales, pérdida de transparencia y posibles reclamaciones”, lee el informe que cubrió el periodo entre julio de 2026 y enero de 2026, bajo el mandato de Carlos Mellado y Víctor Ramos.

En el documento se señala que la OIG recibió un planteamiento en que se señalaba que Salud contrataba empleados por servicios profesionales para realizar trabajos que le corresponden a personal regular de la Sección de Intervención Fiscal (SIF), un componente de la División de Finanzas.

La SFI está integrada por una directora, una supervisora, un oficial administrativo y ocho empleados. Estos últimos se dividen entre dos Oficiales de Intervención Fiscal, tres contadores senior, dos contadores y un auxiliar fiscal principal. La OIG encontró que salud sucribió 11 contratos entre nueve contratistas para realizar funciones de intervención fiscal para un impacto fiscal global de $338,540.

Estas personas realizaron las siguientes labores: evaluación y aprobación de documentos fiscales; procesamiento de obligaciones en sistemas financieros; verificación de disponibilidad y legalidad de fondos; análisis de facturas y servicios profesionales; manejo de documentación de suplidores y viajes; preparación de controles e informes fiscales.

La OIG encontró que no se demostró la necesidad de reclutar contratistas para realizar las labores y, en entevistas realizadas por personal de la OIG a supervisores, se encontró que “los nueve contratistas, aun cuando prestan servicios mediante contratos de servicios profesionales, laboran en un horario regular de lunes a viernes y registran su asistencia de manera equivalente al personal empleado”.

Mientras, Salud reconoció que, al 9 de enero de este año tenían dos puestos transitorios vacantes autorizados por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos.

“El DS (Departamento de Salud) informó que no había podido ocupar los dos puestos transitorios por difícil reclutamiento; sin embargo, no presentó evidencia que demostrara gestiones efectivas, formales o dirigidas inequívocamente a llenar estas vacantes”, lee el informe.

Además, la OIG encontró que cinco empleados en la SIF ocupan puestos con estatus transitorio y realizan funciones de intervención fiscal de manturaleza pendiente. De los cinco, tres llevan más de 10 años en estatus transitorio y los cinco realizan labores clasificadas como propias de puestos de carrera, como el contador y el contador senior.

“El DS no gestionó la creación de puestos regulares para estas funciones, ni realizó convocatorias, certificaciones de elegibilidad u otros procesos requeridos por el sistema de mérito”, indicó la OIG al concluir que Salud está violando la ley 237-2004, conocida como la Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos, que establece que la contratación de servicios profesionales debe ser exepcional.