El excontratista y exasesor legislativo José Miguel Huertas Torres enfrenta cargos adicionales.

Los Fiscales Especiales Independientes (FEI), Ramón Mendoza Rosario, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Gisela Alfonso Fernández, radicaron ayer 10 cargos criminales contra José Miguel Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp., por su participación en un esquema de fraude y apropiación ilegal de fondos públicos por $380,000, destinados a un proyecto de infraestructura en el área de Quebrada Margarita en el municipio de Guaynabo.

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Huertas Torres ya había sido acusado en noviembre de 2025 por malversación de fondos públicos del barrilito de legisladores en un proceso en que la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez también fue imputada de delito. El caso se centra en la malversación de $7 millones en fondos públicos, aunque las denuncias iniciales cubren $1.2 millones destinados a la canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo.

En esta ocasión, los cargos incluyen dos violaciones al Artículo 202 del Código Penal de Puerto Rico, por fraude, y ocho violaciones al Artículo 182, por apropiación ilegal grave de fondos públicos. Tras analizar la prueba presentada y escuchar los argumentos legales de las partes, la jueza Milagros Muniz Mas, del Tribunal de Bayamón, determinó causa probable ayer para el arresto en la totalidad de los cargos e impuso una fianza de $20,000 por cada cargo, para un total de $200,000.

La vista preliminar quedó pautada para el 14 de julio.

La Autoridad de Tierras había contratado a Huertas Torres como el técnico a cargo de los proyectos en el distrito de Bayamón. También servía como enlace entre la dependencia, las organizaciones sin fines de lucro que recibían los fondos y los legisladores que asignaban el dinero.  

La pesquisa de los fiscales especiales detectó igualmente, que se utilizó propiedad pública para fines personales y que se permitió el uso ilegal de fondos públicos.

NotiCel había publicado que Huertas Torres, como asesor legislativo, ejerció funciones en todos los lados de la asignación legislativa de $1.5 millones.

En el caso de la quebrada, entre julio de 2020 y junio de 2021, el exrepresentante Antonio Soto Torres tramitó desde su oficina legislativa dos asignaciones que totalizan $1.580 millones al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. (CCSF), una entidad sin fines de lucro que preside el pastor Heriberto Andújar Otero, también incorporador de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de Naranjito, Inc.

Según documentos judiciales y una entrevista en Ey Boricua a Dorally Rivera Martínez, exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Huertas Torres laboró en la comisión de Soto Torres que hizo la asignación al CCSF, luego en la Autoridad de Tierras fue el técnico que tramitó la asignación y luego, en junio de 2024, fue el representante del CCSF que acudió al tribunal de quiebras para someter una solicitud de protección bajo esa ley federal.