La OIG no refirió los hallazgos al Departamento de Justicia y le pide a Salud “medidas correctivas”. Entre otras cosas, Salud permitió que TecSecure brindara servicios sin contrato.

Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) refleja fallas severas en el Departamento de Salud como contratos de tecnología otorgados sin la autorización obligatoria del PRITS y la Administración de Servicios Generales (ASG), servicios sin contrato vigente “lo que resultó en un total de $6,035,587.45”, lee el documento, ausencia de fiscalización del contratista sobre seguridad y respaldo de datos.

El periodo examinado comprende del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025. El secretario fue Carlos Mellado desde el inicio de la pesquisa hasta enero de 2025, cuando lo sustituyó Víctor Ramos.

La OIG no refirió los hallazgos al Departamento de Justicia y solo le pide a Salud “medidas correctivas”.

“Los hallazgos consignados documentan actuaciones administrativas, decisiones gerenciales, incumplimientos normativos y deficiencias de control interno que se materializaron durante el período examinado y que afectaron directamente la gestión gubernamental, el cumplimiento regulatorio y la administración de recursos públicos”, lee el informe.

La OIG actuó, según el informe, a base de un referido recibido en julio de 2024 ante posibles actos en contravención con la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

El informe alude a cuatro contratos y cuanto enmiendas a estos de la empresa TecSecure (no mencionada en el documento) entre el 5 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2024 para dar servicios de renovaciones de permisos, certificaciones y licencias. Al 6 de marzo, a través de la plataforma se tramitaban 538 documentos de todo tipo. De esos cuatro contratos, tres no pasaron por el crisol de PRITS entre el 2020 y el 2023, en violación de ley que creó PRITS y de una carta circular del 2016 promulgada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

TecSecure fue sustituida por Xuvo Technologies.

La OIG señala por estos incumplimientos al principal asesor legal, la directora de la División de Contratos de Salud y el director de la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT).

Según la OIG, esta práctica puede provocar que los contratistas “no cumplan con los requisitos necesarios para la coordinación e integración interagencial de la infraestructura tecnológica e informática del Gobierno de Puerto Rico. Esto debido a que la PRITS estuvo impedida de evaluar y autorizar los contratos mencionados”.

Además, que Salud se exponga a “riesgos y pleitos innecesarios”.

Mellado contestó los hallazgos así: “Salud ha implantado una plataforma de trámites administrativos que imparte visibilidad y transparencia a los procedimientos de contratación. De igual forma, se ha realizado una evaluación legal de la contratación para servicios de tecnología e impartido instrucciones específicas para el cumplimiento con las directrices vigentes según establecidas e impartidas por PRITS, asegurando que cuente con las cláusulas requeridas por las leyes y reglamentación vigente y en cumplimiento con la sana administración pública, sin la necesidad de una notificación de deficiencias o requerimiento de plan de acción correctiva”.

De otra parte, el último contrato con TecSecure venció el 30 de junio de 2024 y se continuó utilizando su plataforma hasta por lo menos abril de 2025.  Durante ese periodo, Salud ingresó $6 millones por trámites realizados en el Registro Demográfico, Salud Ambiental y la Secretaria Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública.

La OIG da cuenta de una carta de Mellado a la Secretaría de la Gobernación con fecha del 25 de octubre de 2024 indicando que TecSecure seguiría dando el servicio mientras PRITS identificaba una plataforma que sustituiría. Sostuvo que apagar la aplicación provocaría retomar procedimientos de forma manual que provocarían rezagos en los servicios brindados.  PRITS autorizó de manera condicionada el nuevo contrato en octubre de 2024 para que venciera el 30 de junio de 2025.

Sin embargo, TecSecure no firmó el convenio. “El contratista se ha negado a firmarlo debido a los requerimientos eviados por el DS (Departamento de Salud) y la PRITS”, lee el informe de la OIG. Sin embargo, Salud continuó utilizando la plataforma a pesar de que no había contrato.

Y la OIG señaló entre sus hallazgos:

1. Un contrato vencido no tiene validez legal para respaldar las acciones o servicios realizados fuera de su vigencia, lo cual podría invalidar cualquier acuerdo posterior.
2. Se cuestionan costos por $6,035,587.45 del período examinado por los servicios ofrecidos sin contar con un contrato vigente.
3. Las partes contratantes podrían enfrentar dificultades para exigir el cumplimiento de las obligaciones o reclamar compensaciones si el contrato pierde su validez.
4. Incumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.
5. Los funcionarios responsables de la supervisión del contrato pueden enfrentar consecuencias administrativas, incluyendo sanciones disciplinarias por negligencia en su deber.
6. La falta de renovación puede generar hallazgos en auditorías por parte de las agencias fiscalizadoras que afecten la credibilidad y operación de la agencia.
7. Los servicios prestados sin un contrato vigente pueden generar problemas de contabilidad y manejo de recursos públicos.
8. Operar un contrato vencido puede generar sospechas de mala gestión administrativa, afectando la reputación de la agencia.
9. Pudiese afectar la continuidad de los servicios, afectando a los ciudadanos dependientes de dichos servicios.

Sobre este señalamiento Salud, ya bajo la jefatura de Víctor Ramos, señaló a la OIG que no hubo contrato por “gestiones pendientes con la PRITS”.

La OIG respondió que “no debe utilizarse como justificación para omitir o posponer una obligación legal ni para sostener una prestación de servicios extracontractual en el entorno gubernamental. En consecuencia, el Hallazgo prevalece”.

La OIG también señaló que Salud no fiscalizó adecuadamente el último contrato de TecSecure. Sobre otros contratos con la empresa, la OIG encontró que en el aplicable para el año fiscal 2022-23 no se encontró evidencia del Certificado de Elegibilidad del Registro Único de Proveedores. Además, el contratista no emitió facturas y el personal de la División de Financias de Salud no preparó los comprobantes de pago correspondientes.