“Así como las agencias del Ejecutivo han realizado ajustes para maximizar recursos y controlar gastos, corresponde igualmente a otras ramas gubernamentales actuar con prudencia y responsabilidad presupuestaria”, indicó la mandataria.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2026-2027.

Ya la Junta de Supervisión Fiscal ha declarado que es balanceado, lo que significa que será el segundo presupuesto de ese tipo, según el organismo fiscal. El presupuesto asciende a $13,174,703,000.

“Cada dólar que aportan nuestros contribuyentes debe utilizarse con responsabilidad y dirigirse a servicios esenciales para nuestra gente. Estos vetos de línea responden a nuestro compromiso con la disciplina fiscal y con garantizar que los recursos públicos beneficien directamente al pueblo”, expresó la gobernadora.

Dentro de las prioridades que cubren este nuevo propuesto están la inversión en seguridad pública con aumento en la partida para la Policía de Puerto Rico que incluyen: $1,071 millones directamente en gastos operacionales, $44 millones en aumento de implementación de escalas salariales que no se revisaban hace 10 años y con lo cual la gobernadora le sigue cumpliendo a los policías; $15 millones para compra de equipos, ejemplo chalecos antibalas y otros.

El presupuesto de la Policía en el 2026 fue de $861 millones; para este nuevo presupuesto la gobernadora lo aumentó en $270 millones para un toral de $1,131 millones; siendo este el presupuesto más alto de la historia de la Policía.

El Departamento de Corrección tenía asignado en el pasado presupuesto $440 millones; partida que la gobernadora aumentó en $21 millones este año para un total de $461 millones.

Por años se ha visto el reclamo en asignaciones presupuestaria en uno de los temas más importantes, la seguridad pública. Este presupuesto atiende de manera recurrente trabajar temas de seguridad pública y dota a los policías y oficiales correccionales con mejores equipos y condiciones de trabajo. Cumpliendo con las leyes que aumentaban salarios pero que nunca fueron atendidos en el  presupuesto.

El servicio de ama de llaves es clave para las atenciones que requieren los adultos mayores; por tal razón se aumentan $5 millones para un total de $20 millones lo que representa servicios a más de 3,000 amas de llaves contratados para nuestros adultos mayores en la isla.

También se asignaron $11.5 millones para financiar vales de cuido a familias que no cualifican bajo programas federales, permitiendo que padres trabajadores y familias de ingresos limitados puedan integrarse o mantenerse en la fuerza laboral.

La gobernadora, quien firmó la Ley 16-2026, que reconoce a SER de Puerto Rico como Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico, en honor a sus 75 años de servicio ininterrumpido y a su impacto en miles de familias puertorriqueñas; asignó a la institución $5 millones de manera recurrente con el fin de garantizar estabilidad operacional y fortalecer la retención de especialistas médicos altamente capacitados que atienden condiciones complejas.

Para fortalecer la iniciativa “Hogares” de ADFAN y ampliar servicios dirigidos al bienestar, protección y calidad de vida de la población de adultos mayores se asignaron $15.2 millones. Para fortalecer servicios de cuidado sustituto dirigidos a adultos mayores y adultos con discapacidades se asignan $17 millones.

Para fortalecer el reclutamiento y retención de médicos especialistas en el Centro Cardiovascular se asignaron $1.6 millones y para modernizar los sistemas de información del Programa Medicaid y fortalecer la capacidad del Gobierno para maximizar fondos federales y mejorar la eficiencia operacional se destinaron $23.6 millones

Parte integral para impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida es contar con una infraestructura vial en óptimas condiciones. Es por ello que la gobernadora ha hecho la mayor asignación del fondo general a inversiones en carreteras en los últimos 10 años. Para este renglón se suman $70 millones, que sumado a lo que se ha destinado en este año natural, son $200 millones exclusivamente en arreglos de carreteras.

El presupuesto originalmente radicado por la ejecutiva ascendía $13,180,532,000 millones, sin embargo el Senado introdujo enmiendas e implementó recortes de $5.6 millones en asignaciones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), fondos destinados a atender riesgos operacionales.

La Gobernadora, firmó el presupuesto con una reducción adicional de $5,829,000 millones, haciendo uso de su autoridad constitucional del veto de línea logrando ahorros que serán destinados al fondo general para fortalecer las arcas del gobierno y poder atender los servicios directos a la ciudanía. Entre las partidas vetadas se encuentra una asignación de $709,000 destinada a la Asociación de Puertorriqueños en Marcha, organización con base en Filadelfia, Pennsylvania. La gobernadora redujo esta partida a cero. Asimismo, se eliminó una asignación de $700,000 destinada a esfuerzos de preparación y respuesta del Caribe, una organización que opera fuera de la isla directamente en los estados.

“La prioridad de esta administración es que los recursos provenientes de las contribuciones de nuestros ciudadanos se utilicen para fortalecer servicios en Puerto Rico y atender las necesidades de nuestra gente aquí en la isla”, sostuvo.

Como parte de los vetos de línea, la gobernadora realizó ajustes en la Administración de Servicios Generales (ASG), alineados con la política pública de reducción de gastos operacionales y servicios profesionales.
Entre las reducciones realizadas se destacan:

• Reducción de $300,000 en puestos de confianza, devolviendo la partida a su nivel original de $1.659 millones ya que la legislatura la aumentó a $1.959 millones.
• Eliminación de un aumento de $1.020 millones en servicios profesionales que no formaba parte del presupuesto originalmente sometido por el Ejecutivo.
• Reducción de $300,000 en servicios legales, disminuyendo la partida de $885,000 a $585,000.
• Reducción de $300,000 en la partida destinada a los sistemas JEDI 1 y JEDI 2, disminuyendo la asignación de $400,000 a $100,000.

La reducción en la partida relacionada con JEDI 1 y JEDI 2 responde a la entrada en funcionamiento del nuevo sistema ERP del Gobierno de Puerto Rico el próximo 7 de julio, tras casi una década de desarrollo. Debido a que el ERP absorberá las funciones de estos sistemas, resulta innecesario mantener niveles elevados de financiamiento para su operación y mantenimiento.

Además, la reducción en servicios profesionales responde a la implementación de los módulos de compras y finanzas del ERP, cuyos procesos automatizados disminuyen la necesidad de contratar servicios externos, promoviendo mayores eficiencias operacionales y ahorros para el Gobierno.

Como resultado de estos ajustes, la ASG contará con un presupuesto de aproximadamente $19.5 millones, manteniendo los recursos necesarios para cumplir con su misión.

La gobernadora también ejerció veto de línea sobre partidas relacionadas con la Superintendencia del Capitolio de la Asamblea Legislativa luego de identificar un aumento significativo de $2.5 millones sobre el presupuesto originalmente presentado.

La Asamblea Legislativa había incorporado aumentos que totalizaban aproximadamente $10 millones sobre la propuesta presupuestaria original. Como resultado del veto de línea, se realizó reducciones de $2.5 millones. Aún con estas reducciones, la gobernadora permitió un aumento neto cercano a $7.5 millones para la Asamblea Legislativa.

 “La responsabilidad fiscal es una obligación de todo el Gobierno. Así como las agencias del Ejecutivo han realizado ajustes para maximizar recursos y controlar gastos, corresponde igualmente a otras ramas gubernamentales actuar con prudencia y responsabilidad presupuestaria”, indicó la mandataria.

Tras la firma del presupuesto y la imposición de los vetos de línea, la gobernadora remitió el documento a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para su evaluación y aprobación final.

La administración entiende que el presupuesto cumple con los parámetros fiscales establecidos, al ser incluso menor que el originalmente presentado por el Ejecutivo, fortaleciendo así la posición fiscal del Gobierno de Puerto Rico y garantizando una administración responsable de los recursos públicos.