Pero no precisa cuál será el impacto fiscal para las arcas del ayuntamiento.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, presentó ante la Legislatura Municipal un proyecto de ordenanza dirigido a establecer una exención contributiva significativa sobre arbitrios de construcción y patente municipal para proyectos de vivienda asequible.

La iniciativa busca crear condiciones más favorables para el desarrollo de nuevos proyectos residenciales dirigidos principalmente a familias trabajadoras y sectores de clase media. La propuesta se encuentra actualmente ante la consideración de la Legislatura Municipal.

El proyecto dispone una exención total del arbitrio de construcción municipal para proyectos cualificados que cumplan con parámetros objetivos y verificables de asequibilidad reconocidos a nivel federal. Asimismo, establece un alivio contributivo adicional relacionado con patente municipal para contratistas y subcontratistas vinculados a proyectos que cualifiquen bajo la medida, sujeto al cumplimiento estricto de los requisitos establecidos y a mecanismos de fiscalización municipal.

La medida busca reducir algunas de las cargas económicas que hoy inciden sobre el costo de desarrollar vivienda en Puerto Rico, creando un ambiente más competitivo para la construcción de nuevos proyectos residenciales en San Juan y promoviendo condiciones más favorables para aumentar el inventario de vivienda disponible.

“Puerto Rico enfrenta una realidad que requiere acción. Cada vez se construye menos vivienda nueva mientras el costo de adquirir un hogar continúa aumentando para miles de familias trabajadoras. Ante esa realidad, en San Juan estamos impulsando una iniciativa dirigida a remover barreras contributivas, estimular nueva construcción y crear mejores condiciones para el desarrollo de vivienda accesible para nuestra clase media y trabajadora”, expresó Romero Lugo.

Puerto Rico enfrenta desde hace años una marcada reducción en la construcción de vivienda nueva. Según datos divulgados por la Asociación de Constructores de Puerto Rico, mientras en el año 2011 se construyeron cerca de 4,300 viviendas, para el año 2024 la cifra se redujo a aproximadamente 700, reflejando una contracción significativa en la capacidad de producción de vivienda en la Isla.

A ello se suman el aumento en el costo de materiales, la escasez de mano de obra, los retos en los procesos de permisos y distintas cargas contributivas que impactan la viabilidad económica de nuevos proyectos residenciales, limitando las oportunidades de acceso a vivienda para muchas familias.

“Esta medida busca crear condiciones más viables para incentivar nueva construcción residencial y aumentar el acceso a vivienda para familias trabajadoras y sectores de clase media. Reducir cargas contributivas dentro del proceso de desarrollo permite que más proyectos puedan materializarse y que San Juan continúe posicionándose como una ciudad atractiva para inversión responsable y crecimiento económico sostenible”, expresó el director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan, Joel A. Pizá Batiz.

La propuesta tendría una vigencia inicial de cinco años, comenzando el 1 de julio de 2026, con el propósito de crear una ventana clara de oportunidad para acelerar inversión, construcción y desarrollo residencial en la ciudad capital.