Una medida señala que las tarifas que pagan por transacción comerciantes a bancos y otras instituciones financieras son calculadas tomando en cuenta impuestos cobrados al consumidor como el IVU.

Un proyecto de ley modificaría el estado de derecho aplicable sobre las tarifas que comerciantes tienen que pagar a manejadores de transacciones de tarjetas para impedir que en el cálculo de estas se incluya el monto cobrado por impuestos, como el Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

El Proyecto de la Cámara 1216, del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, advierte que actualmente que el cargo, que usualmente entre 1% y 3% por transacción, que pagan los comerciantes por el uso de tarjetas, se calcula tomando en cuenta los impuestos como el IVU, cuando esa cantidad cobrada al cliente no forma parte de los ingresos del comerciante.

“Ello implica que elo comerciante paga una comisión porcentual sobre fondos que no constituyen ingreso propio, sino cantidad que está legalmente obligado a recaudar y remitir al gobierno”, lee la medida.

La pieza legislativa no elimina tarifas cobradas por compañías de tarjetas de crédito o débido, o bancos, ni impone controles sobre las tasas aplicables. “Se limita a delimitar la base de cálculo respecto a una partida contributiva específica”, indica el proyecto.

“Las tarifas por procesamiento de pagos electrónicos no podrán calcularse sobre la porción correspondiente a impuestos federales, estatales o municipales en transacciones realizadas…”, agrega.

Según Méndez, Illinois ha legaslado una propuesta similar. Sobre el estado de Colorado, indica que ha “aprobado legislación que excluye determinadas partidas contributivas de la base de cálculo de cargos de procesamiento”.

A nivel local, una decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito le reconoce al gobierno local autoridad para legislar sobre el tema, indicando que no se trata de campo ocupado por legislación federal bancaria.

La medida, entre otras cosas, sí obliga al comerciante a enviar los datos del monto total del impuesto cobrado al consumidor a la institución financiera, procesador de pagos o red de tarjetas de crédito y débido dentro de un término de no más de 90 días. Esa información tendrá que distinguir entre el monto cobrado al consumidor y cuánto de esa cifra constituye impuestos.

La propuesta ley también obligaría a las instituciones a que aplique pagar multas de no menos de $1,000 ni mayor de $3,000 por cada transacción en que se haya cobrado al comercio una tarifa adicional sobre partidas protegidas, como lo es el IVU.

Le tocará al Departamento de Asuntos del Consuimdor reglamentar y hacer valer la propuesta nueva ley.