Tras reunirse con Francisco Quiñones, la presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, dijo esperan cumplimiento de lo prometido y amenazan con nuevas represalias si no hay acción.

A pesar de que la manifestación conocida como el “Correctional Flu” culmina este lunes, los oficiales de custodia agrupados en la Alianza Correccional Unida (ACU) dejaron claro que mantienen en la mirilla al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, a la espera de que cumpla con lo prometido en una reunión de casi tres horas celebrada el pasado viernes.

En entrevistas separadas con NotiCel, tanto Quiñones como la presidenta de la ACU, Jessica Martínez, coincidieron en que el encuentro fue positivo y que se lograron acercamientos importantes, especialmente en torno a la exigencia del pago mensual de $746.67 que reclama el gremio desde la aprobación de la Ley 91 de 2022.

Sin embargo, sus versiones difieren en aspectos clave sobre el impacto real del ausentismo masivo y la operatividad institucional durante la protesta silenciosa.

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“El panorama ha ido mejorando. A pesar del fin de semana largo, hemos visto una mejoría en la asistencia y lo más importante: en ningún momento se afectaron los servicios esenciales”, aseguró Quiñones, quien insistió en que no ofrecería cifras por razones de seguridad institucional.

Según el secretario del DCR, se garantizaron las visitas familiares y los servicios médicos, y se utilizó personal de apoyo como las brigadas de ornato para reforzar turnos, pero “todo estuvo bajo control”.

Martínez, por su parte, contradijo esa percepción.

La presidenta de la ACU Afirmó que todavía se mantiene una ausencia del 60% de la matrícula y que la operación se sostuvo “con destaques, unidades especiales y supervisores cubriendo múltiples puestos vacíos”. Aunque reconoció que no hubo incidentes graves, indicó que algunos servicios sí se vieron afectados y con atrasos.

En la reunión del viernes, que se extendió hasta altas horas de la noche, la ACU presentó al secretario un recuento detallado de la lucha sindical que llevó a la aprobación de la Ley 91, así como los esfuerzos para identificar fondos recurrentes. Quiñones, según Martínez, se comprometió a buscar junto a La Fortaleza los $33 millones anuales necesarios para comenzar a reflejar el aumento en los cheques de los oficiales.

“La palabra vale mucho. Pero si no cumple de aquí a diciembre, yo no garantizo que este mismo grupo no convoque algo más fuerte”, advirtió Martínez.

Aunque aclaró que el Correctional Flu no fue convocado oficialmente por el sindicato, anticipó que la frustración acumulada podría traducirse en manifestaciones más contundentes si no hay acción concreta.

Así las cosas, la ACU indicó que dará un plazo de dos semanas antes de solicitar una nueva reunión con Quiñones.

“Vamos a estar bien atentos. Si no hay avances, tendremos que sentarnos con la Junta de Supervisión Fiscal o con la gobernadora o con el Senado y la Cámara”, afirmó Martínez a NotiCel.

Aunque el DCR da por sanado el ‘flu’, para los oficiales correccionales, la tregua es solo temporal. El reloj político y presupuestario ya está corriendo, y sus miras siguen puestas sobre la figura del secretario.

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