Fiscalía y acusados querían mantener este desarrollo en secreto, pero jueza no lo permitió.

Las partes en el caso criminal que encabeza la exgobernadora Wanda Vázquez Garced tienen una cita en la capital federal con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para negociar la posibilidad de terminar con el caso sin ir a juicio.

La divulgación está hecha en una moción del jueves que las partes intentaron, dos veces, mantener confidencial, pero la jueza federal Silvia Carreño Coll no lo permitió. La jueza mantuvo la fecha del juicio para agosto 25 y le ordenó a las partes someter un informe del desarrollo de las conversaciones para el viernes, 30 de mayo.

En nombre de todas las partes, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico dijo en la moción que pedía una posposición de los plazos en el caso, incluyendo la fecha de juicio para “dar tiempo suficiente a explorar de manera abarcadora una resolución final” que podría evitar un juicio.

“Las partes han acordado realizar discusiones de buena fe para resolver este caso en el interés de la justicia. A esos fines, se ha calendarizado una reunión presencial para la semana próxima en Washington DC, que incluirá la participación del Fiscal de los Estados Unidos y liderato del departamento. Cualquier resolución ahorraría a las partes e, importantemente, al tribunal, el tener que emplear tiempo y recursos considerables con la radicación y adjudicación de numerosas mociones, enfrascarse en actividades previas al juicio y conducir un juicio largo”, dice la moción.

Al denegar la solicitud de confidencialidad, Carreño Coll concluyó que, para el tribunal, “las discusiones en curso entre los equipos de defensa y el gobierno son similares a negociaciones para aceptar culpa” y que ya hay una decisión suya sobre cómo manejar el efecto de cualquier publicidad sobre el caso a la hora de escoger el jurado.

La confirmación de estas discusiones al nivel de la División de Integridad Pública de Justicia en Washington ocurre cuando esa dependencia ha sido estremecida debido a órdenes de la Administración Trump para manejar ciertos casos utilizando criterios políticos y no legales. De hecho, el fiscal Ryan Crosswell, quien fue uno de dos que presentó el caso contra la exgobernadora, renunció a su posición en febrero pasado porque no estaba de acuerdo con cómo el liderato de la agencia marroneó para retirar la acusación que se le había hecho al alcalde de Nueva York, Eric Adams, a cambio de su apoyo político a la estrategia de inmigración del presidente Donald Trump.

Tras 10 años como fiscal, Crosswell renunció porque a su grupo de trabajo se le había amenazado con castigo si dos de ellos no firmaban la moción retirando los cargos a Adams. Se les ofreció también recompensa si firmaban. El retiro de los cargos no se basó “en los hechos ni el derecho del caso”, había admitido el departamento. En una vista informal que celebraron senadores demócratas, el también exoficial de la Marina admitió que renunció sin tener empleo asegurado ni su seguro médico.

El otro fiscal que maneja este caso, Nicholas Cannon, no fue el que firmó la moción retirando los cargos de Adams y todavía se mantiene en la causa contra Vázquez Garced.

Los fiscales presentaron sus cargos en agosto de 2022 contra la exmandataria, el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini. Se les acusa de participar en una conspiración cuyo propósito era que el banquero tuviera control de ese sector en la isla mediante controlar el nombramiento del comisionado de Instituciones Financieras. Con ese funcionario en el bolsillo, el empresario manipularía la fiscalización de su banco. Bancrédito International Bank & Trust. La vía sería controlar a Vázquez Garced mediante apoyarla económicamente en su confrontación primarista con el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Herrera Velutini es el acusado de mayor perfil en este caso. Tiene historial de donativos políticos a figuras y partidos conservadores, incluyendo en Inglaterra, y sus negocios internacionales han conllevado que en este caso se apliquen reglas excepcionales de manejo de evidencia clasificada como confidencial por criterios de seguridad nacional.

Desde que se presentó el caso hasta ahora la controversia principal ha sido la tirantez entre fiscales y abogados por el volumen y calidad de la evidencia que les han entregado. Ya la jueza bifurcó la causa para que primero se vea la prueba de la conspiración que involucra al banquero y la exgobernadora, y luego se verían cargos que no implican a Vázquez Garced, sino al convicto recaudador político Joseph Fuentes Fernández, quien no está acusado en este caso.

Todavía en una moción de abril que está pendiente, los abogados de defensa insistían en que la fiscalía no había cumplido con sus obligaciones sobre identificar la evidencia que usarán en su contra.

“Lo que hace de este caso clase aparte… es la escala y estructura de la producción (de evidencia). Este no es un caso grande. Este es un caso sin precedentes. Los abogados defensores no conocen algún otro caso en el que el gobierno ha producido 60 millones de páginas de descubrimiento en estas condiciones, despojada de metadata significativa, de su estructura básica y rellena de expedientes irrelevantes, incluyendo fotos, recetas, música y películas, según admitido por el propio gobierno”, argumentaron en la moción.

La jueza separó tres semanas para el juicio.

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