El ente fiscal enfatizó que no asume que la isla operará sin fondos federales, pero se tiene que preparar para expiración de fondos por pandemia y posibles recortes de Trump.

La petición que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al gobierno de que prepare un “Plan Estratégico para Liberarse de la Dependencia de Fondos Federales” se refiere a los fondos no recurrentes que llegaron por la emergencia de la pandemia y que ahora expirarán, enfatizó el ente fiscal.

Cuando hicieron su petición la semana pasada, la Junta no estableció detalles sobre la limitación de ese plan. “Los niveles futuros de financiamiento federal recurrente son inciertos”, dijo en la carta en la que también pidió el establecimiento en el gobierno de una oficina centralizada que sirva para monitorear los fondos federales asignados a agencias y programas públicos.

Tras la discusión pública que se suscitó, la Junta convocó a una reunión ayer cuyo propósito principal pareció ser proveer detalles sobre cómo están considerando el tema de la pérdida de fondos federales.

La directora de gerencia de presupuesto de la JSF, Elisa Guardiola Torres, explicó que en 2017, previo a la pandemia y al huracán María, los fondos federales constituían un 34% del presupuesto del gobierno. Hoy, esa proporción es de 46%. Pero si al presupuesto actual se le quitan los fondos federales que no son recurrentes y que respondieron a asignaciones especiales, esa proporción vuelve a bajar al 31%, que es un nivel de financiamiento federal similar al que tienen los gobiernos de otros estados.

Para el director de la Junta, Robert Mujica, lo que piden al gobierno es que planifique para operar otra vez con solo una tercera parte del presupuesto en fondos federales, como era antes. “No estamos asumiendo que el gobierno opera en ausencia de fondos federales”, subrayó. Pero, a la vez, aceptó que el presupuesto que comienza en julio próximo tiene “un nivel de incertidumbre inusual”, debido a los recortes que la Administración Trump puede aprobar en el presupuesto federal que comienza en octubre. Si ese presupuesto trae más recortes, “tenemos que tener una conversación diferente”, acotó.

Para John Nixon, uno de los miembros de la Junta con más experiencia en el desarrollo de presupuesto de gobierno estatales, la situación no es tan incierta. “Definitivamente vamos a tener que ajustar el presupuesto (que empieza en julio)”, adelantó tajantemente. “Sabemos que vienen cambios y tenemos que estar preparados”, añadió al señalar como ejemplo que la reducción en fondos de Medicaid puede ser mayor a la proyección actual, que es de $4,017 millones en 2026 a $489 millones en 2029. Este dinero financia el plan de salud público, Plan Vital.

La Junta celebrará a fines de este mes un “simposio económico” en el Capitolio con recursos locales y de Estados Unidos que esperan sea una actividad anual para discutir públicamente las proyecciones de ingresos del gobierno. Uno de los puntos será cómo aprovechar para beneficio de la isla la presión que la Administración Trump está poniendo al sector de manufactura para que más fábricas se localicen en Estados Unidos.

El otro tema de la reunión fue la red eléctrica.

Mujica consignó que todavía no han identificado con el gobierno ni una fuente de pago de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni el repago de la deuda. Lo primero se sigue manejando mediante préstamos mensuales y la Junta parece estar esperando que el Negociado de Energía (NE) lo atienda en julio cuando LUMA Energy someta una propuesta de aumento de tarifa que incluye una recomendación de tarifa provisional que entraría en vigor el mismo julio y estaría activa hasta que se ordene una tarifa nueva el año que viene. Esos préstamos mensuales se convierten en deuda de la AEE que, al final, también se tendrían que tratar como deuda pendiente a ser pagada mediante tarifa o alguna otra fuente pública. En lo segundo, Mujica anticipó que el presupuesto que entra en vigor en julio va a tener claridad sobre el pago a los acreedores, pero no adelantó detalles.

En cuanto a la confrontación entre el gobierno y LUMA, que está enmarcada en la promesa de cancelación del contrato de ese operador privado, Mujica y otro miembro de la JSF reiteraron la postura que han tenido hasta ahora de no volver a un modelo de corporación pública.

El director ejecutivo no expresó insatisfacción con LUMA y en sus respuestas buscó cambiar el foco de la discusión. En vez de una pelea entre operador y gobierno, argumentó que lo que hay que atender es la lentitud en el uso de los $17,000 millones en fondos federales asignados para restaurar la red. Dinero que se puede perder si no se usa y solo se han usado $4,000 millones, recordó.

Mujica dijo que estaba de acuerdo con el gobierno en no pagarle más dinero a LUMA hasta que haya mejores resultados en su gestión pero, a la vez, dijo que si es necesario poner más dinero del gobierno ahora para asegurar que se liberen y usen fondos federales, habría que ponerlo. Ese dinero “no es para LUMA, es para reinvertirlo en la red”, dijo al plantear que, aunque LUMA es la responsable, por contrato, de conseguir los fondos y reembolsos federales, todo el gobierno debe asistirle en esa tarea.

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Vea:

Junta Fiscal pide al gobierno plan para “liberarse” de la dependencia de fondos federales