Se pretende que los oficiales puedan ejercer los deberes fuera de los límites territoriales.

La Cámara de Representantes evaluó ayer, miércoles, una medida para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con la intención de que el Cuerpo de la Policía Municipal pueda obtener los mismos privilegios que la Policía Estatal a la hora de brindar seguridad a los ciudadanos o intervenir por alguna comisión de delito para atemperar tales responsabilidades y combatir la criminalidad.

El Proyecto de la Cámara 139, de la autoría del representante Ángel Morey Noble, permitiría que los policías municipales puedan investigar y, además, procesar delitos de mayor o menor gravedad. Así como convertir al supervisor del cuerpo policíaco, mejor conocido como comisionado, en «Agente del Orden Público».

También busca establecer acuerdos de colaboración con el Negociado de la Policía y agencias federales para que se delegue tareas a la uniformada municipal siempre y cuando no se interrumpa las funciones propias.

Los oficiales estarán facultados, además, de ejercer sus deberes fuera de los límites territoriales del municipio correspondiente cubiertos por los mismos derechos y garantías que le asiste a la policía estatal.

Serían también considerados personal de primera respuesta durante emergencias.

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Se añadieron nuevos artículos que establecen que los policías municipales podrán dedicarse en su tiempo libre a otro trabajo, siempre y cuando no sean contrarias a los objetivos del Código Municipal.

Con la aprobación de esta medida, se podría establecer acuerdos entre dos o más cuerpos municipales para efectuar tareas que los alcaldes entiendan necesario, entre otras enmiendas contenidas.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) expresó en la vista pública que, tal como está el proyecto de ley, no pueden endosarlo . Existen varios derechos y facultades que ya tiene la uniformada municipal que habían sido transferidos.

«Es ineludible colegir que, aunque responden a un mismo deber, los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y los policías municipales tienen marcadas distinciones en sus sistemas organizacionales y operacionales. Atemperar estos cuerpos policiales en todo lo que concierne la ejecución de sus funciones, así como su andamiaje, trastocaría grandemente nuestro sistema y sobre todo, el proceso de Reforma. Es un hecho claro que los miembros de la Policía Municipal pueden cumplir las funciones de los policías estatales siempre y cuando estén debidamente adiestrados», explicó la abogada Omara Arias en representación del DSP.

«No obstante, no podemos perder de perspectiva que la delincuencia no es estática, entiéndase que la comisión de delitos transcurre y discurre entre distintas jurisdicciones. Nuestro ordenamiento vigente no permite que los policías municipales puedan ejercer sus funciones fuera de sus límites jurisdiccionales, quedando ésta facultad reservada solo para los policías estatales. Dotar a los policías municipales con los mismos deberes, funciones y alcance que el NPPR, incidiría en la lucha contra él crimen, toda vez que las funciones especializadas que realizan los policías estatales no pueden estar regionalizadas», agregó.

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Mientras, la Asociación de Comisionados Policías Municipales de Puerto Rico, endosó la medida.

Hizo hincapié que es meritorio que los comisionados sean considerados agentes del orden público debido a que «están constantemente en la calle combatiendo el crimen y atendiendo directamente los asuntos de los ciudadanos relacionados a la incidencia criminal en las comunidades».

También favorece que los policías puedan intervenir aunque estén fuera de su respectiva jurisdicción.

«El caso de Héctor Calderón Romero, policía municipal de Carolina, que en el 1995 observó un robo en proceso y al intervenir fuera de jurisdicción, se activó como policía municipal y perdió la vida. El policía pasa a ser testigo en el caso que está fuera de su jurisdicción», dijo el inspector Rubén Moyeno, presidente de la Asociación.

Sin embargo, la Asociación de Alcaldes sometió su memorial a la Cámara de Representantes en contra del proyecto por asuntos fiscales y el presidente de la Comisión, Luis Pérez Ortiz, aseguró que esto es solo el comienzo para hacer ajustes a la medida para que sea de agrado y de alivio a los municipios.

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Durante la vista, se trajo a colación la preocupación de que Aibonito, Cayey y Vieques no cuentan con policías municipales.

En el caso de Cayey, la ausencia de una fuerza municipal coincide con preocupaciones sobre la criminalidad en la zona. Según datos disponibles del Negociado de la Policía, el nivel de criminalidad en Cayey se percibe como alto, con un índice de criminalidad de 67.75% y un índice de seguridad de 32.25%.

Estas estadísticas dejaron entrever en la audiencia pública, la importancia de las propuestas que persiguen este proyecto de ley, para fortalecer los policías municipales y mejorar la seguridad del ciudadano.

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