El Departamento de Justicia capacitó esta semana a más de 600 profesionales del derecho sobre las nuevas disposiciones éticas adoptadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través del taller “Ética en Evolución: Conociendo las Nuevas Reglas de Conducta Profesional”, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.  

La capacitación, llevada a cabo en el Centro de Bellas Artes de Santurce, representa el esfuerzo institucional más amplio de los últimos años en materia de actualización ética para el personal legal del Departamento.

Fueron el exjuez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Edgardo Rivera García, y del exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental y profesor de Derecho, Hiram  Morales Lugo, los profesionales a cargo de impartir el curso de educación jurídica. Durante su mensaje de apertura, la secretaria destacó la trascendencia de este adiestramiento en un momento clave para el cumplimiento ético en Puerto Rico.  

“La ética es la columna vertebral de la confianza pública. Capacitar a más de 600 profesionales del derecho garantiza uniformidad, transparencia y excelencia en el servicio que ofrecemos al pueblo de Puerto Rico. Las nuevas Reglas de Conducta Profesional requieren un compromiso renovado, y a través de este taller reafirmamos ese compromiso de manera firme. Seguiremos desarrollando iniciativas que fortalezcan nuestro sistema de justicia, que se traducen en mejores servicios y acceso a la justicia para los ciudadanos”, añadió la titular. 

Durante un periodo de seis horas, los expertos explicaron en detalle los cambios adoptados por el Tribunal Supremo a las nuevas reglas de conducta profesional, con el fin de asegurar que los funcionarios del Departamento de Justicia, así como  otros participantes del Gobierno de Puerto Rico, puedan implementarlas adecuadamente con la rigurosidad y la responsabilidad que exige el servicio público en beneficio del pueblo puertorriqueño, según la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón. 

La capacitación forma parte del cumplimiento del requisito especial de educación jurídica continua establecido por el Tribunal Supremo y estuvo dirigido a fiscales, abogados, instructores y otros profesionales del derecho adscritos al Departamento de Justicia.