El Comité Timón y la Alianza de Autismo de Puerto Rico han solicitado una reunión urgente con la gobernadora para buscar alternativas que sean beneficiosas para los reclamantes.

En 1980, Rosa Lydia Vélez y ocho familias iniciaron una lucha legal en busca de justicia para sus hijos dentro del sistema de educación especial en Puerto Rico. A casi cinco décadas después, el pleito sigue abierto y afecta a más de 16,000 personas, muchas de ellas ya fallecidas y otras que están encamadas.

El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial junto con la Alianza de Autismo de Puerto Rico, denunciaron la orden emitida el 11 de febrero del 2025 por la jueza Laura Taylor Swain, quien autorizó una propuesta unilateral presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el 6 de noviembre del 2024. Según los reclamantes, esta propuesta minimiza los daños sufridos y deja sin una compensación justa a las miles de familias que llevan años en esta batalla legal.

La oferta de la JSF propone un pago único de $25,000 por hogar, sin tomar en consideración cuantos miembros de la familia sean reclamantes ni la magnitud de los daños sufridos. No obstante, bajo la legislación vigente, cada afectado podría recibir hasta $75,000 por persona y $150,000 por incidente.

Además, debido a los términos de ajuste de deuda, la cantidad real que recibirían las familias sería solo el 20% del total propuesto, lo que equivale a aproximadamente $5,100 por familia. Para los reclamantes, esta cifra no solo es insuficiente, sino que representa una burla después de 45 años de lucha por justicia.

Las familias tienen hasta el 3 de junio para aceptar o rechazar la propuesta. No obstante, abogados y organizaciones han instado a los reclamantes a no aceptar la transacción, argumentando que los términos no reconocen el daño real causado.

El licenciado Rolando Emmanuelli anunció que presentará una solicitud de reconsideración ante la jueza Taylor Swain antes del 24 de febrero, con la esperanza de que la decisión sea revisada y que se generen nuevas vías de negociación.

Por otro lado, los abogados aseguran que aquellos que rechacen la oferta mantendrán su reclamación activa dentro del proceso de reconciliación de reclamaciones bajo el Titilo III de PROMESA. Esto les permitiría presentar sus casos de manera individual y luchar por una compensación justa.

El Comité Timón y la Alianza de Autismo de Puerto Rico han solicitado una reunión urgente con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para buscar alternativas que sean beneficiosas para los reclamantes.

“Es una traición a la niñez y a la juventud con diversidad disfuncional en Puerto Rico. El gobierno tiene la responsabilidad de rectificar este atropello y garantizar justicia para estas familias” concluyeron los líderes del movimiento.