Tras un largo debate en contra del proyecto de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve.

El proyecto que crearía la Ley que establecería un protocolo para manejar casos de abortos en menores de 15 años o menos en Puerto Rico, con la idea de que se active un protocolo tan pronto la menor acuda a una clínica para efectuarse el aborto y exista sospecha de que ha sido abusada sexualmente, se aprobó en el Senado después de una amplia discusión entre los legisladores quienes en su inicio, no estaban de acuerdo con la medida legislativa.

Cuando se descargó el Proyecto del Senado 297 los senadores coincidían que el proyecto era ambiguo y no estaba en su totalidad claro.

«Pocas veces he visto tantas excusas para aprobar un proyecto claro que busca proteger a las menores de edad en Puerto Rico. Particularmente a menores de 15 años o menos que acuden bajo sospecha de agresión sexual a las clínicas de aborto en Puerto Rico…¿Quién las protege? ¿A quién le importa eso? les digo más, ahora mismo una menor puede ser llevada a una clínica por su padre violador o un tercero violador», expresó molesta Rodríguez Veve.

«Mientras ustedes están aquí esto ocurre y podrá seguir ocurriendo y no hacemos nada. La diferencia es que este proyecto dispone que aunque sea el padre o la madre que consienta en el 100% de los casos, se tienen que referir los casos al Departamento de la Familia… La discusión es sumamente sencilla», agregó.

La medida pretende que uno de los padres de la menor de 18 años tenga que otorgar el consentimiento por escrito estipulando que autoriza que se someta a un procedimiento de aborto.

Según la exposición de motivos, la medida tiene la intención de proteger a las menores de edad y ya en jurisdicciones de Estados Unidos se requiere por ley que los custodios de las menores estén involucrados en todo el proceso conducente a un aborto legal.

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«De esta forma, no solo se busca asegurar que la menor sea guiada, ayudada y acompañada por quienes tienen el deber de procurar su bienestar, sino que, además, con ello, se busca prevenir y combatir el abuso sexual de menores», reza la medida.

El proyecto de ley también establece que en 2024 la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado hizo un referido a varias agencias, incluyendo el Departamento de Justicia. La intención era conocer los casos de abuso sexual a menores y los incumplimientos con las clínicas de aborto.

«Los violadores de estas niñas en la mayor parte de las ocasiones son sus familiares y allegados y entonces, el proyecto consigna que tiene que ser el tutor de esa menor que consienta por escrito a que se lleve a cabo un aborto. Estamos diciendo que el violador la va a coger por el brazo, la va a llevar a la clínica, la va a sentar allí y le va a decir tú te vas a ejecutar un aborto porque yo te lo digo», fue parte de la queja del senador penepé, Angel Toledo.

El senador independiente, Eliezer Molina, estuvo de acuerdo con Toledo y dijo: «Concurro con el 99% de lo que ha dicho el compañero Toledo. Me parece que hay tantas cosas, hay tantas dificultades para uno complacer en todos los sectores, que muchas veces pasamos por alto cosas que son tan significantes como la que se acaba de señalar…».

Mientras tanto, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón también emitió expresiones en contra.

«Una menor que tiene la capacidad de hacerse cargo de una vida, asumiendo una maternidad que no desea, también se le debe reconocer la capacidad suficiente para tomar decisión distinta no solo sobre su cuerpo, sino de su propia vida. Votaré en contra», indicó.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, también se opuso. Sin embargo, a diferencia de los demás, se abstuvo, al igual que la senadora Nitza Morán.

Justicia había rendido un informe donde se concretan 67 casos de menores de 15 años o menos a quienes las clínicas de aborto le practicaron un aborto entre el 2018 al 2022.

Dos de las 67 niñas resultaron ser víctimas de agresión sexual. Mientras, en 32 de los 67 casos, Justicia descartó la agresión sexual.

En 22 casos los abortos se llevaron a cabo a niñas de 14 a 15 años, que sostuvieron relaciones con jóvenes de 18 y 19 años.

Ocho de las menores quedaron embarazadas por tener una relación con una persona que excedía los cuatro años de diferencia.

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De los 67 casos, solo 36 llegaron acompañadas de su madre o padre y en 30 casos se desconoce si fue acompañada o sola.

De convertirse en ley esta medida, antes de realizar un aborto a un menor tendrán que:

En el caso de que uno de los padres obligue a la menor a la fuerza o mediante violencia a realizarse el aborto, se expone a una pena de reclusión y una multa de $50,000.

No obstante, si el caso es que la clínica realiza el procedimiento violando los estatutos de esta medida, se exponen a reclusión por dos años y una multa de $25,000.

Ya el exsecretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, había enmendado el reglamento Número 7654 precisamente para regular el «Licenciamiento, Operación y Mantenimiento de Centros de Terminaciones de Embarazos», en donde ahora se le obliga a estos a referir a las autoridades los casos de menores de 15 años o menos que acudan a realizarse un aborto bajo sospecha de agresión sexual.

Precisamente, fue Rodríguez Veve quien había solicitado al exgobernador, Pedro Pierluisi Urrutia y al secretario de Salud en el pasado mes de marzo, que se enmendara el reglamento con el propósito de establecer un protocolo para el manejo y referido de estos casos.

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El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, propuso una enmienda en sala en la página seis para que todo caso de aborto de niñas de 15 años o menos, que lleguen a una clínica abortar a pesar de que no sea por actos de violación o agresión sexual, sea referido de inmediato a las agencias correspondientes.

La medida terminó siendo aprobada con esa enmienda incluida.

«Si la Asamblea Legislativa decide no hacer nada, dónde quedan esas menores…Pero decirle a Puerto Rico que necesitamos una vista pública para decidir esto, el tema está trillado..Estamos hablando de 15 años o menos y algunos dicen aquí que no se debe decir a nadie (el caso del aborto de la menor en la clínica), no me digas. ¿Es demasiado pedir compañeros? es algo muy sencillo, si queremos o no proteger a las niñas de 15 años o menos, pero no hacer nada, no es alternativa compañeros y compañeras», indicó Rivera Schatz.»

«No van a parar de patinar hasta que se escocoten que los que quedemos de pie le vamos a decir: te lo dije. Yo le voy a votar a favor», puntualizó.

La votación cerró con 23 votos a favor, tres en contra y dos abstenidos.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo jueves.

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