Se espera que la radicación de cargos ocurra esta semana.

El Departamento de Justicia ha confirmado que presentará cargos criminales por la muerte del adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez, quien perdió la vida baleado a manos de policías en medio de una intervención en el área de Puerto Nuevo, en San Juan, el 1 de agosto de 2022.

“Agentes del NIE (Negociado de Investigaciones Especiales) diligenciaron las citaciones correspondientes como parte del procesamiento penal que iniciará el Departamento de Justicia. Conforme a la política pública y a los fines de salvaguardar la integridad del proceso, no brindaremos detalles adicionales hasta la presentación de cargos”, lee un parco escrito de Justicia.

No fue hasta diciembre del 2023 que Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), reconstruyeron la escena. en la calle 40 SO en Puerto Nuevo, San Juan.

El caso está bajo la investigación del NIE, que se ubica bajo la misma agencia sombrilla que la dependencia que ahora investiga, y el Departamento de Justicia, por lo que no se emitirán declaraciones sobre la labor que realizan nuestros peritos en el lugar de los hechos.

Ese 1 de agosto fue ultimado a tiros por agentes del cuartel de Puerto Nuevo y de la División de Vehículos Hurtados el joven Javier Cordero Nevárez, residente de la vecina urbanización Caparra Terrace, también en San Juan.

Cordero Nevárez fue sorprendido manejando una guagua Hyundai Tucson que había sido robada el día antes en la urbanización Villa Fontana, en Carolina. La guagua tenía un dispositivo de GPS, por lo que su ubicación era rastreada. No obstante, no tenía gravamen de robada.

“Cuando le dan el alto al conductor del vehículo se bajan los policías y alegadamente este individuo emprende la marcha en contra de los agentes y ahí es que comienzan los disparos, ya esa parte la va a investigar el Negociado de Investigaciones Especiales”, sostuvo el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, cuando habló del tema ante la prensa el 2 de agosto del año pasado.

El joven ultimado no estaba armado y trascendió que su cadáver presentaba al menos 12 balazos en el cuello el pecho y las extremidades y en la escena se recuperó como evidencia 61 casquillos de calibre 9 milímetros.

Participaron en la intervención policial siete policías y un sargento que dispararon 60 veces contra un vehículo de motor que estaba en una calle sin salida en Puerto Nuevo porque supuestamente se sintieron amenazados de que el conductor los arrollaría.

Cordero Nevárez acababa de obtener su licencia de aprendizaje y uno de los elementos que no está establecido es cómo llegó a tener el vehículo en su poder. De los 60 disparos que hicieron los agentes en el sector La Riviera, calles 40 y 15 suroeste de Puerto Nuevo, 15 alcanzaron al estudiante de Educación Especial y lo mataron en el acto.

Inmediatamente después del incidente, López Figueroa defendió que la Policía puede considerar un vehículo en marcha como un arma letal y que la decisión de disparar para defenderse ocurre en segundos.

Pero la madre del joven, Sheila Nevárez Chiclana, presentó una demanda federal civil en la que reclamó que la Uniformada “actuó como investigador, juez y perpetrador, convirtiendo la muerte de Javier Antonio una ejecución extrajudicial a manos de la Policía de Puerto Rico”.

La mayoría de los agentes involucrados eran recién graduados de la academia policial que ahora está regida por las disposiciones de la Reforma de la Policía después de que en 2013 el gobierno local y el federal suscribieran un acuerdo para evitar un litigio y encaminar cambios en la Uniformada debido a, precisamente, la cantidad de violaciones de derechos civiles que se estaban registrando.

Parte de la petición de los abogados de Nevárez Chiclana, la American Civil Liberties Union (ACLU), es que la jueza Camille Vélez Rivé declare a la Policía en violación de las disposiciones de su Reforma y que se instale una junta de civiles que pueda monitorear la conducta de los agentes.

Esta parte es la que actualmente tienen el pleito detenido porque el Gobierno de Puerto Rico pidió a la jueza que desestime todas las reclamaciones relativas a la Reforma por entender que eso lo maneja otro juez en otro caso y no hay facultad para que Vélez Rivé haga determinaciones sobre eso. Sería una “intromisión indebida” en el caso de Reforma que atiende el juez federal ‘senior’ Francisco Besosa Stubbe.

La ACLU sostiene que ya los tribunales apelativos han aceptado que la existencia de la Reforma es un elemento que ayuda a probar las violaciones de derechos que cometen los agentes porque se supone que estén más sobreaviso en cuanto a la conducta ilegal que lleva a violaciones de derechos y en cuanto a las responsabilidades de la jerarquía policial para asegurarse que todos los componentes se ajusten a las disposiciones de la Reforma.

Añaden que nada en las disposiciones de la Reforma impide que los jueces determinen que una conducta en particular es violatoria de las disposiciones de ese acuerdo entre los dos gobiernos.

Los policías demandados son Giovanny Santiago Avilés, Luis Vélez Mari, Carmen Cacho, Félix de Jesús Flores, Roxanne Ruiz Cisneros, Kevin Meléndez Monsegur, Paola Farría Santiago, el sargento Ángel Alicea (todos estos de la División de Vehículos Hurtados de Carolina), bajo la supervisión de los tenientes coronel Gerardo Oliver y Roberto Rivera Miranda, de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales.