Como parte de las facultades, el representante Héctor Ferrer Santiago destacó que se podrá ofrecer recompensas a personas que compartan información que contribuya a una investigación o encausamiento.

El representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico Héctor Ferrer Santiago radicó dos proyectos para combatir la corrupción, y una de las medidas propone crear la “Ley de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública”.

El legislador explicó que el propósito de la medida es buscar menos burocracia, más eficiencia y más economías en la investigación, ya que “Puerto Rico pierde alrededor del 10% del presupuesto por actos de corrupción”.

“Durante los pasados años hemos sido víctimas de cómo el servicio público se ha visto empañado por casos de corrupción en todas las esferas. Los ciudadanos no solo han perdido la confianza en estos funcionarios, sino que también han perdido la fe en los entes encargados de velar por el más estricto cumplimiento de las leyes”, expresó Ferrer Santiago.

La Oficina de Anticorrupción que busca crear Ferrer Santiago se encargaría de consolidar el procesamiento de los crímenes de corrupción en una “única entidad verdaderamente independiente”. Asimismo, la Oficina educará al servidor público en el desempeño de sus funciones; y tendrá plena autonomía presupuestaria y operacional para liderar investigaciones, ejecuciones y encausamientos.

Para añadir a las funciones de la Oficina, Ferrer Santiago, quien preside la Comisión de Anticorrupción de la Cámara, indicó que el ente tendrá su director y los fiscales serán nombrados por el gobernador, pero “con el consejo y consentimiento de dos terceras partes de los miembros de la Cámara y el Senado de Puerto Rico”.

Esta Oficina también producirá material educativo contra la corrupción y cómo combatirla. Asimismo, contará con asesoramiento jurídico tanto para la Oficina, como para otros componentes gubernamentales.

Como parte de las facultades, Ferrer Santiago destacó que la Oficina podrá ofrecer recompensas a personas que compartan información que contribuya a una investigación o encausamiento. De igual manera, se mantendrá un registro de personas convictas por corrupción; y creará el Grupo Interagencial Anticorrupción que se reunirá mensualmente.

La segunda medida radicada propone crear un nuevo Código Anticorrupción en el que se establecen 23 principios éticos, se separan las violaciones éticas de las conductas criminales y se establece un mecanismo de cobro de multas.

Actualmente, la isla tiene cuatro entes gubernamentales encargados de la investigación y procesamiento de delitos de alto perfil: División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC); Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI); Oficina del Inspector General (OIG); y la Oficina de ética Gubernamental (OEG). Según el representante, estos sistemas de anticorrupción están obsoletos, aislados e ineficientes.

De igual manera, Ferrer Santiago señaló que, los gastos entre el PFEI, la OEG y la OIG en los últimos 10 años, ascienden a $179,180,000.

“El OPFEI nunca ha logrado ser el ente neutral que este estatuto concibió. Existe una profunda disparidad entre la inversión millonaria de fondos públicos que el Estado realiza cada año, y los resultados obtenidos para erradicar la corrupción gubernamental”, aseguró Ferrer Santiago.

Mientras que, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, apoyó a Ferrer Santiago, y aseguró que las medidas cuentan con el respaldo total de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD).

“Al final, lo más triste es que se invierten millones de dólares para no encausar a la persona, que a veces terminan bien en un proceso estatal, y por los mismos hechos termina siendo encausado a nivel federal”, expresó Hernández Montañez.

Se espera que pronto se anuncien las fechas para las vistas públicas de las medidas.