La situación afecta a varios ayuntamientos debido a la falta de mano de obra, ausencia de empresas constructoras disponibles, los requisitos de la FEMA y la burocracia con la papelería.

Ya ni siquiera los municipios sufren solo por la escasez de fondos, sino que también porque los contratistas no muestran interés en las subastas que sistemáticamente se publican para la realización de proyectos en los ayuntamientos del país y quedan desiertos los procesos, con proyectos que esperan desde el paso del huracán María.

La situación afecta a varios municipios del país debido a, por ejemplo, la falta de mano de obra, la ausencia de empresas constructoras disponibles que prefieren optar por la empresa privada, los requisitos de la FEMA y la siempre cuestionada burocracia.

El secretario municipal y presidente de la junta de subastas del municipio de Villalba, Orlando Negrón, dijo que “el asunto de las subastas viene del huracán María hacia acá, que fue cuando nosotros comenzamos a recibir toda esta batería de fondos federales para poder reconstruir y hacer las obras que quedaron destruidas a causa del ciclón”.

El 2022, que concluyó hace unas semanas, Villalba reportó sobre cuatro subastas desiertas, lo que según Negrón implica gastos adicionales para volver a lanzar el proceso.

“Cuando uno lleva un proceso inicial de una subasta conlleva unos gastos por parte del municipio de asesores que incluyen ingenieros, diseñadores, que incluye un aviso de subasta, que abarcan unos gastos para que una subasta pueda ser publicada y se pueda llevar a cabo. Volver a subastar un proyecto significa que hay que volver a incurrir en unos gastos», afirmó.

Un ejemplo que puso el funcionario municipal es el centro de atletismo, gimnasio y cancha de fútbol, “un proyecto de gran envergadura ($7.5 millones) que, para que se tenga una idea, nosotros lo subastamos tres veces. Y a la tercera vez fue que pudimos llegar con un contratista que pudo presentar una oferta razonable, para entonces nosotros poder adjudicar y comenzar el proceso de construcción”.

También expuso que «hay un problema de mano de obra grandemente y de mano de obra diestra. Eso hay que reconocerlo. Pero hay que tener en cuenta que también la empresa privada está haciendo proyectos. Porque recuerda que muchas de estas empresas y corporaciones también recibieron fondos, como parte de sus aseguradoras y de FEMA».

Según el secretario municipal, «los contratistas, en su mayoría, deciden ‘yo no voy a mirar el gobierno, no voy a mirar a los municipios, y me voy a hacer trabajos a la empresa privada’, que en su mayoría ya tiene el dinero disponible. Porque hay que recordar que la empresa privada también está haciendo sus proyectos de recuperación. Las constructoras no dan abasto, porque hay mucho proyecto desarrollándose, además del gobierno. Ellos miran al sector privado porque el dinero fluye con mayor rapidez».

Sobre la burocracia, manifestó que «nosotros sometemos toda la papelería a FEMA para lograr el desembolso de una certificación de un contratista y no es hasta uno o dos meses que ellos comienzan a ver el expediente y comienzan a pedir documentos adicionales. Una certificación que me presenta un contratista yo la puedo tener un día primero de mes y yo la someto a FEMA, que tarda en evaluarla de dos a tres meses en este momento. Y el dinero demora en llegar de tres a cinco meses. Es lo que tardan de hacer el desembolso a los municipios».

Para el director de Planificación y Desarrollo del municipio de Las Piedras, Marianito Ruiz, “muchos de estos contratistas tienen problemas de recursos humanos para realizar la obra. También está el encarecimiento dramático de los costos de construcción y de servicio. Y muchos de estos proyectos, como son con fondos federales, tienen que cumplir con ciertos requisitos federales y a veces eso estriba desde el pago al empleado hasta los informes e información con la que hay que cumplir para que entonces se adjudique esa subasta».

Consignó que «estos proyectos son proyectos grandes y de María la mayoría de ellos. Y entonces el gobierno dice que el dinero ya está ‘obligado’, pero obligado es una cosa, pero no está dentro de la caja o el Departamento de Finanzas. El dinero no está desembolsado. Pero sí el gobierno creo esa iniciativa para adelantar dinero”.

“Todas esas cantidades de fondos federales, que fueron asignadas por FEMA, son dineros reembolsables. ¿Qué significa esto? Que el municipio comienza un proceso de subasta para realizar una obra, pero eso es con fondos municipales, que posteriormente FEMA se encarga de depositarlo. ¿Qué ocurre con esto? Cuando nosotros publicamos y hacemos los anuncios (de subastas) se da bajo un fondo municipal. En un inicio comenzamos teniendo una buena respuesta de parte de los contratistas, pero ¿qué sucedió? FEMA comenzó a tardarse en realizar los reembolsos a los municipios, que en estos momentos se encuentran en una situación precaria, porque los fondos no son suficientes para cubrir esas obras que son en muchas ocasiones no tiene la capacidad económica para sufragar esos gastos», apuntó.

Explicó que «los gastos vienen por reembolsos. Cuando en un inicio se comienzan a dar esos procesos de subastas, pues los contratistas estaban entusiasmados, porque tenían trabajo. Comenzaron a llegar a las subastas, pero una vez se fueron desarrollando, que vieron la tendencia de que FEMA se tardaba en pagar, los contratistas comenzaron a retirarse de la participación en los municipios, porque obviamente los municipios no tenían la capacidad económica para sufragar los gastos mientras FEMA se tardaba seis, siete meses, en poder pagar al municipio y el municipio, entonces, poderle pagar a los contratistas. Es una situación en cadena que viene de la tardanza del desembolso de fondos por parte de FEMA».

Al respecto, afirmó que «los contratistas ven esa tendencia y piensan que van a estar en un proyecto ocho, nueve, 12 meses sin cobrar, es una situación difícil y no muchos de ellos tienen la capacidad económica para aguantar».

Según Negrón, el adelanto de fondos que ha impulsado el gobierno a través de la iniciativa Working Capital Advance (WCA) “no es para proyectos específicos, sino que para trabajos de emergencia. En el caso del huracán Fiona, hubo sí un adelanto del gobierno de cerca de $250,000 dólares para cada municipio, pero fue para trabajos de emergencia, no para proyectos ni obras de construcción”.

“Son proyectos de reconstrucción que vienen del huracán María, que se dio en todos los municipios, que presentaron sus daños y FEMA los aprobó para que pudieran reconstruir todas esas obras o infraestructura que fue gravemente afectada por el huracán

Mientras, Ruiz reafirma que se está produciendo “mucha subasta desierta”.

“Por ejemplo, el año pasado nosotros habíamos llevado una subasta para la plaza de recreo, en el verano, un proyecto subvencionado con fondos federales, y a esa subasta vinieron seis licitadores, pero solamente sometió su propuesta un licitador, que hizo una propuesta lejos del alcance de nuestro estimado de costo. Y hemos tirado subastas de reparación de puentes y carreteras y no ha venido ningún licitador, lo que nos ha llevado a nosotros a otro tipo de estrategias, como publicar en dos periódicos distintos en dos fechas distintas. Y enviamos a los licitadores la invitación directa con la publicación del periódico. Se la enviamos directamente para que supieran y los que podíamos contactar le indicamos las fechas de las subastas”, acotó.

Detalló que “el tema de las subastas desiertas se produjo el año pasado y este año acabamos de tirar dos presubastas. Una fue el viernes pasado y otra fue este lunes. Una fue de la pista atlética y otra fue, nuevamente, de la plaza de recreo. Estas dos subastas, aunque fueron publicadas, apenas vinieron seis licitadores, cuando lo que esperamos es más de diez».

Comentó también que “cuando vienen pocos licitadores, cuando se va a la subasta, o viene uno o ninguno. Y a nosotros se nos requiere un análisis de costos y propuestas, y si viene uno se nos dificulta adjudicar, sobre todo si ese licitador está fuera de nuestras expectativas del estimado de costo que nosotros hicimos originalmente. Y así, obviamente, no se adjudica. Los licitadores no aparecen”.

El escenario en el municipio de Caguas era el mismo el año pasado hasta que implementó dos medidas clave: una línea de crédito para anticipar efectivo, con la idea de que el contratista no se sintiera amenazado por la posibilidad de la retención de un pago, y el lanzamiento de una plataforma digital para el manejo de subastas.

Con todo, el presidente de la junta de subastas del municipio de Caguas, Víctor Coriano Reyes, afirma que hay subastas de equipos o de vehículos que aún exhiben problemas «y en el que nos piden 200 ó 300 días para proveer lo que necesitamos».

«Estamos hablando de equipos pesados, maquinaria, ambulancias, transporte colectivo. Cuando se trata de algo especializado, antes se tardaban entre seis a ocho meses y ahora puede ser hasta dos años. Estamos afectados por la disponibilidad», afirma Coriano Reyes.

En cuanto a los proyectos de construcción, admite que antes de que el municipio de Caguas implementara la línea de crédito y la plataforma digital «teníamos subastas desiertas o llegaba uno o dos licitadores».

«El tema es la comunicación. Incluso han llegado al municipio contratistas que no existían para nosotros. La plataforma digital desde julio de 2022 nos ha permitido mejorar, porque lo que corresponde por un tema legal es el anuncio en periódicos, pero así los contratistas no acudían a las subastas, que se declaraban desiertas o se presentaban pocos licitadores», aseveró.

No obstante, coincidió en que, a nivel de municipios, «hay una alta necesidad de contratistas, una escasez de bienes y materiales y el covid, la pandemia, tuvo su efecto en la manufactura».

Añadió que a lo anterior se suma la «falta de mano de obra y el alza en los costos por la inflación. Los estimados tras María están obsoletos. Y también hay que incluir los procesos burocráticos».

En el municipio de Toa Baja, la secretaria municipal Gloria Barreto sostuvo que pese a que no han tenido mayores inconvenientes con las subastas sí conocen de la problemática por «los costos en el mercado, la pandemia y la guerra (en Ucrania), entre otros, que limitan a los licitadores a participar en las subastas».

También reconocen que las subastas con fondos federales tienen requerimientos y «procesos rigurosos» que desincentivan en ocasiones al licitador interesado.

En tanto, Diana Vázquez, ayudante ejecutiva del alcalde Betito Márquez, sentenció por su parte que «quizás es mayormente típico que cuando se da la subasta general, hay bienes específicos (materiales deportivos, equipos médico quirúrgicos), de servicios no profesionales (contratos de mantenimiento de aires acondicionados y plantas generadoras eléctricas), que quizás es más común que haya subastas desiertas, pero va a depender del costo de los materiales».

Barreto también alerta acerca de la «demanda» de los municipios en torno a proyectos con fondos federales, lo que provoca que contratistas no puedan «cumplir con sus compromisos ni abarcar todos los municipios y ese es otro factor» para que las subastas queden desiertas o lleguen pocos licitadores.

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